Los Defensores recibieron a las autoridades de Desarrollo Social.
Ante las miles de consultas recibidas en todo el país, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) celebró un encuentro con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, para avanzar en la rehabilitación de las pensiones suspendidas.
El encuentro fue encabezado por el Defensor del Pueblo de la Ciudad y presidente de ADRPA, Alejandro Amor, quién recibió a la Jefa de Gabinete de esa cartera, Alejandra Cedrola, y al titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.
Estuvieron presentes los Defensores Adjuntos de la Ciudad, María América González y Arturo Pozzali; la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández; el Defensor del Pueblo de Pilar, Juan Manuel Travatelli; la Defensora del Pueblo de Avellaneda, María Laura Garibaldi; el Defensor del Pueblo de Lanús, Alejandro Gorrini; la Defensora del Pueblo de la Matanza, Silvia Caprino; la Defensora del Pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate; el Defensor del Pueblo de Salta, Nicolás Zenteno; el Defensor Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello; el Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay; la Defensora del Pueblo de La Plata, Florencia Barcia; el Defensor del Pueblo de Villa Nueva, Nicolás Morcila; la Defensora del Pueblo de Villa María, Alicia Peresutti; el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier De Bedia; y el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto.
Además la reunión contó con la participación de la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que padece esquizofrenia y su Familia (APEF); la Asociación Argentina de Padres Autistas (APADEA); la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI); la Asociación Senderos del Sembrador; TGD Padres TEA; la Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC); el Departamento de Discapacidad de Racing Club; la Asociación Civil Soles de Buenos Aires; la Asociación Milagros Ayelén; la Asociación Civil de Profesionales para la Equidad (ASPPE); y la Comisión de Discapacidad de AABA.
En su carácter de presidente de ADRPA, Alejandro Amor anunció que acordó con la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la conformación de una mesa de trabajo con la participación de las Defensorías del Pueblo del país y asociaciones de defensa de los derechos de las personas discapacitadas, para avanzar en la revisión de todos los casos afectados para “que no quede nadie sin el beneficio”.
Paralelamente se trabajará en la detección de irregularidades en la asignación de pensiones. En estos casos, Amor adelantó que se recurrirá a la Justicia, ya que “quién percibe una pensión que no le corresponde, lo hace en detrimento del Estado y de a quién sí le corresponde”.
“La conformación de la mesa es un paso adelante, una forma de institucionalizar el trabajo. Este es un escenario ante el cual los Defensores tomamos la responsabilidad de solucionar el problema, tal como lo hicimos con el caso de la tarifa social. En conjunto con el Estado y las asociaciones tenemos que llevarle la solución a las personas”, concluyó el Defensor.
Por su parte, Badino aseguró que la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales no reducirá su presupuesto y que “estamos trabajando para atender cada caso. Si nos equivocamos, lo corregiremos”.
Además Cedrola comunicó que las únicas pensiones que fueron suspendidas son aquellas vinculadas a la adquisición de un empleo en blanco por parte del beneficiario y en casos de fallecimiento o renuncia al beneficio. “Todas las demás pensiones serán depositadas la semana próxima de forma retroactiva”, afirmó la funcionaria.
Los Defensores del Pueblo nucleados en ADRPA entregaron a los funcionarios un documento en el cual se reafirmó la necesidad de realizar un análisis caso por caso, de forma interdisciplinaria, para determinar quiénes están en condiciones de percibir el beneficio.
Asimismo se resaltó la importancia de respetar el debido proceso administrativo ante ceses o suspensiones.
Por último se recomendó la derogación del Decreto 432/97, y la redacción de una nueva normativa con criterios más inclusivos, y que reconozca a las personas con alguna discapacidad como plenos sujetos de derecho.
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