El desorden observado en el uso del espacio público urbano, donde comerciantes informales se han apoderado de aceras y calles, ha evolucionado a niveles insospechados, llegándose al extremo de negociar entre particulares el usufructo del espacio sobre una acera o la vía pública.
Lo más sorprendente es que se pretenda documentar la transacción mediante un contrato de compraventa, a pesar que ninguna de las partes tuviera un documento que legitimara la propiedad de lo vendido, más allá del testimonio de un representante de una asociación que emitió una “constancia” relacionada dentro del documento, la cual carece de toda legalidad por cierto, ya que ninguna asociación puede disponer del espacio público administrado por la Municipalidad.
Es tal la magnitud del desorden, que se argumenta que esas constancias sirven como requisito para el otorgamiento de créditos en el sector informal; es lógico pensar que los comerciantes al solicitar préstamos, deberán comprobar que desempeñan alguna labor generadora de ingresos para solventar las obligaciones contraídas.
Como muchos comerciantes carecen de medios materiales para garantizar el pago de sus obligaciones, con una hipoteca por ejemplo, el microcrédito ha prosperado usando esquemas de aseguramiento solidario entre sus usuarios, como bancos comunales; sin embargo, el testimonio de una asociación de vendedores acerca de las actividades desarrolladas por alguien, en la vía pública, no puede considerarse como un título de propiedad para el usufructo del espacio ocupado y por lo tanto, no es susceptible de compraventa; es más, las constancias que se emiten, en este sentido, no tienen mayor validez que el testimonio de cualquier persona que manifieste que un vendedor informal realiza actividades de comercio frente a su casa y que ella le ha dado permiso para hacerlo, ya que ninguna de las dos personas pueden disponer del referido espacio.
En ese sentido, las declaraciones de dirigentes de vendedores que dicen emitir constancias, libres deudas, porque ellos han asignado un espacio sobre la vía pública, carece de legalidad, ya que la única entidad competente para disponer de tales espacios es la Municipalidad, de tal suerte que la emisión de tales constancias constituiría una usurpación de funciones, falsedad material y el uso de documentos falsos, entre otros.
Sólo faltaría que esas usurpaciones se transformen en juicios de usucapión o intenten retener a cualquier costo, lo cual nos indicaría el grado de descomposición a que habríamos llegado, producto de la tolerancia del desorden en la vía pública, a pesar de las alternativas de reubicación que se han planteado a los vendedores y que han sido rechazadas por los dirigentes de este tipo de asociaciones, que a todas luces se están lucrando de la usurpación de la propiedad colectiva, a la cual se refieren categóricamente bajo el término de espacios conquistados.
Ante estas evidencias se vuelve imperativo buscar una solución definitiva al problema, que ha degenerado en la negociación del espacio ajeno, simplemente porque no hay nadie quien lo impida; esto trastoca el estado de derecho en la sociedad y compromete uno de los principios básicos en que descansa una economía de mercado, la propiedad privada.
Si bien es cierto que nadie puede pretender que tales títulos constituyan una fuente de derecho, ignorar que existen supondría tolerar la estafa, la abierta usurpación de funciones y la falsedad material, entre otros delitos.
Estos eventos deben llamarnos a la reflexión sobre la gravedad de este desorden, a fin de buscarle solución urgente que impida que el estado de derecho siga deteriorándose en este ámbito.
Abandono del espacio público e incremento de la inseguridad
Unido a cierto malestar por la falta de espacios públicos o la baja calidad de los mismos, en muchas de las grandes ciudades la gente se siente amenazada, insegura. El espacio público es percibido como una amenaza. Una reacción “natural” en respuesta a esta amenaza –que eleva la cifra del temor y el miedo– es no salir, no exponerse, refugiarse en lugares privados: el auto bien cerrado, la casa bien enrejada, el barrio cerrado y vigilado, el suburbio bien alejado (Davis, 2001).
En este contexto de construcción social de la inseguridad se abandona el espacio público, se pierde la solidaridad, el interés y respeto hacia los “otros”. La percepción de inseguridad y el abandono de los espacios públicos funcionan como un proceso circular y acumulativo. Si se pierden los espacios de interacción social, los lugares en donde se construye la identidad colectiva, también aumenta la inseguridad.
En oposición, una de las condiciones importantes para el desarrollo de una comunidad es la existencia de un espacio público de encuentro, de co–presencia. Al respecto, Humberto Gianini (1999) señala la necesidad de lo público: “El hombre tiene que tener lugares y momentos próximos a la reflexión, que constituyan ciudadanía recuperada”.
La situación del espacio público en Salta.
Plaza periodista Jose Maria Plaza hay tres kioscos de venta
Se solicitaron informes a la Secretaria de Protección ciudadana que remita informes sobre las habilitaciones de comercios ubicados en la vía publica sin respuesta hasta la fecha.-
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