miércoles, 30 de enero de 2013

Impuestos Municipales. Que hacer?


      La defensoria del Pueblo solicita a los vecinos que consideren que el aumento de los impuestos municipales fueron excesivos y no  pueden afrontarlos, se acerquen a la misma con las boletas de edesa correspondiente al mes de Diciembre y Enero con el fin de solicitar a los concejales la resolución del inconveniente.
         Asimismo atento a la incorporación del impuesto inmobiliario en la factura de energía y atendiendo a los vecinos que alquilan, la defensoria emitió una recomendación al Ejecutivo municipal y Edesa para que procedan a desglosar dicho impuesto.
         Hay que aclarar que el impuesto inmobiliario le corresponde el pago al locador (dueño del inmueble), de esta manera se busca lograr una solución rápida y expedita, como es el desglose en forma permanente de dicho impuesto a los inquilinos, sin tener que realizarlo  mes a mes en la oficina de Edesa.-

jueves, 10 de enero de 2013

Que hacer cuando el paquete turístico no es lo que habían prometido


Cuando las vacaciones no son las esperadas y ni el alojamiento, excursiones o el transporte se ajustan a lo acordado con la agencia de viajes, inmobiliaria o aerolínea, entre otros, es necesario buscar a los responsables y reclamar. Expertos explican por qué monto, ante quién y de qué forma hacerlo
Cancelaciones, demoras, sobreventas, cambios de pasajes y tarifas así como incumplimientos de contratos, publicidad engañosa, o cambios de itinerarios o de hoteles distintos son algunos de los problemas a los cuales se enfrentan los turistas.
Por eso, deben conocer cuáles son las herramientas legales y los recursos que existen en caso de incumplimientos por parte de las empresas, las agencias de viajes e inmobiliarias.

En principio, es fundamental tener toda la información sobre lo ofrecido por escrito. A partir de allí el proveedor está obligado a cumplirlo y si eso no ocurre es una herramienta para disputar luego. Tener las respuestas sobre la oferta mediante un e-mail sirve como documento en caso de que haya inconvenientes.
Hay que tener en cuenta que los proveedores están obligados a informar sobre opciones y precios antes de que el consumidor decida contratarlo. Las ofertas tienen que estar en moneda argentina, en precio unitario y con los impuestos incluidos.
Como reclamar
En caso de inconvenientes, primero hay que realizar un reclamo ante la empresa vendedora por teléfono o Internet y solicitar el número de reclamo. En caso de que se presente una carta documento o una nota firmada, hay que solicitar la constancia de recepción. Si se adjuntan pruebas, hay que dejar las fotocopias, nunca los originales (por si hay que presentarlos en un juicio).
Si no se satisfizo el reclamo, se deberá concurrir a formular la denuncia a Defensa del Consumidor. Si no hay solución o se quiere evitar la vía administrativa, se puede reclamar judicialmente.
Todas las acciones por defensa al consumidor gozan de gratuidad, por lo que no se abonará ninguna tasa o gasto para su inicio.
En caso de verse obligado a litigar judicialmente para poder reclamar el cumplimiento de las obligaciones legales, el damnificado podrá también reclamar una multa entre los $ 100 y $ 5.000.000, dependiendo del carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones atento la posición en el mercado.
También se puede dejar constancia del reclamo en el Centro de Atención al Turismo Dependiente de la Secretaría de Turismo, a través de la vía telefónica o por Internet (cyr.turismo.gov.ar). La Secretaría de Turismo de la Nación controla y puede aplicar sanciones a las agencias y hasta puede fijar un resarcimiento económico para los damnificados.
En dicho lugar, se puede constatar si la agencia está debidamente registrada.
Reclamos y resarcimientos en caso de incumplimiento
“Las violaciones más usuales a los derechos de los usuarios de servicios turísticos pueden originarse como consecuencia del incumplimiento de los proveedores de bienes y servicios”, explicó Flavio Ismael Lowenrosen, director del Suplemento de Derecho del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos de elDial.com.
En tanto, la especialista Andrea Mac Donald, afirmó que “la Ley 18.829 contiene la reglamentación en el ejercicio profesional de las agencias de viajes dando escasa referencia a la protección del usuario. Tampoco la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC) prescribe, en materia de prestación del servicio de turismo o contrato de turismo, aunque no puede dudarse sobre la aplicación general de la materia, en especial, cuando uno de los sujetos de la relación jurídica es el consumidor”.
Es decir, algunas de las pautas previstas en esta última norma son aplicables a los contratos de turismo cuando surgen incumplimientos de la oferta, en cuyos casos, el consumidor cuenta con la facultad de rescindir el contrato con la restitución de lo abonado o bien, de beneficiarse con una reducción en el precio pagado, en los casos de falta de conformidad respecto del producto adquirido.
Además, es posible reclamar los daños y perjuicios ocasionados por los incumplimientos y, de acuerdo a su gravedad, se podría pedir la reparación por el daño moral sufrido por “la pérdida del disfrute, más el sacrificio económico efectuado y la tensión que una persona pasa al no ver colmadas sus expectativas”, agregó Lowenrosen.
La mencionada ley estipula que los proveedores están obligados a suministrar en forma cierta, clara y detallada todas las características esenciales del servicio que proveen, y las condiciones de su comercialización.
Es decir, dicha información debe ser clara para que se permita su comprensión por cualquier persona. Así, la oferta que lleven a cabo las empresas de transporte o de turismo, por citar algunas, deben contener la fecha precisa de comienzo y de finalización de la misma, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones.
Es importante destacar que, para que dicha oferta deje de ser válida debe revocarse por medios similares a los empleados para hacerla conocer.
Esto significa, de acuerdo con los expertos, que “su no efectivización será considerada como una restricción injustificada de la venta, por lo que será pasible de sanciones”.
Y si la oferta de bienes o servicios se realizara mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos o por correos, publicados por cualquier medio de comunicación, resulta obligatorio que figure el nombre, domicilio y número de CUIT del oferente.
El damnificado le puede reclamar por los incumplimientos o los daños sufridos a toda la cadena de los proveedores del servicio (por ejemplo, agencia de viajes y el hotel -si hubo deficiencias en la habitación- o aerolínea o micros -si los inconvenientes se sufrieron durante el viaje-).
Casos comunes de reclamo y recomendaciones
“Es importante que el usuario sepa, efectivamente, cuál es el alcance de la información y la publicidad que les brindan los proveedores al momento de ofertar, de modo general o individual el servicio”, agregó Lowenrosen.
Por ese motivo, el especialista recomendó “guardar las publicidades, que constan en los periódicos, revistas o folletos, donde se publicita un determinado servicio turístico“. Esto resulta útil, ante la necesidad de formular una queja, justamente porque allí deberían constar: las cualidades del servicio, su precio y el plazo de vigencia. “Esos documentos son parte del contrato”, aclaró.
Además, señaló que es conveniente “observar con atención los precios ofrecidos de viajes aéreos y de paquetes turísticos, ya que usualmente no incluyen impuestos, lo que se consiga en muy pequeños caracteres al costado del aviso o en su parte inferior”.
También exhortó a los consumidores a leer con atención el voucher o el contrato que le entrega el proveedor -sea de paquete turístico o de transporte- para determinar si se ajusta a lo ofertado y publicitado.
En ese sentido, indicó que el reclamo será procedente cuando el hotel ofrezca servicios sin cargo que en realidad están tarifados, o cuando se acuerda hospedar al pasajero en una habitación de determinadas características, que difieren de lo que efectivamente se le dió al cliente.
En materia de adquisición de paquetes turísticos, se podrá reclamar cuando la agencia de viaje no brinde las excursiones prometidas o si éstas fueran gratuitas y finalmente son cobradas.
En el caso de que el usuario pretenda alquilar un departamento o casaquinta para pasar sus vacaciones, -si es posible- debe leer atentamente el contrato y solicitar que se establezca en el mismo el precio, el plazo acordado y que se describan los servicios que fehacientemente tiene el inmueble.
Al llegar, tiene que corroborar que se encuentren los bienes detallados en el acuerdo y verificar si los servicios, como luz y agua, funcionan con normalidad.
Si el inmueble cuenta con una pileta, Lowenrosen indicó que el usuario debe controlar el funcionamiento de su motor y filtro, y el suministro de agua para llenarla.
Si bien sería recomendable conocer el inmueble previamente, el expertó destacó que, por las distancias, esto es casi imposible, por lo que “hay que solicitar fotos y agregarlas al documento contractual”.
Si se alquila por inmobiliaria, se debe pedir el poder que le extendió el dueño autorizando a la firma a alquilar el inmueble.
Además, se debe guardar el folleto o aviso (inclusive los de Internet) por el cual se difundió el alquiler.
En estos casos, juega un papel fundamental la pericia y los cuidados que tome el potencial locatario, ya que debe solicitar algún documento que acredite que está negociando con alguien que tiene un poder sobre el inmueble y puede decidir por él.
Por este motivo, hay que tener especial atención con las propiedades que se ofrecen a través de la web.
En caso de haber elegido un hotel, debe verificarse la habitación antes de firmar el chek-in o ingreso y observar si cuenta con las instalaciones y servicios prometidos.
Luego se debe controlar cuál es la hora de entrada y salida, y “tener en claro que el plazo máximo de permanencia diaria no podrá ser menor a 24 horas, ya que es una estadía diaria”, explicó el especialista.
Por ejemplo, si el ingreso comienza a las 10 de la mañana de un día, el egreso o check-out debería finalizar al mismo horario de la jornada siguiente.
Antes de ingresar, hay que consultar -en caso que el hotel incluya alimentación- los menúes y si se debe pagar los adicionales por consumo.
En el caso del transporte, debe estar detallado el costo del pasaje, la empresa responsable y su domicilio legal, la fecha y hora de viaje de partida y de arribo, el equipaje máximo permitido en cantidad de maletas y de kilos sin cargo y el valor por exceso de peso del mismo.
Los responsables para cada reclamo
Los expertos indicaron que, si se retrasara la partida del avión o micro, la empresa debe prestar un servicio de alimentación especial al viajero.
En tanto, agregaron que si se extendiera la postergación del viaje, el transportista tiene la obligación de llevar al pasajero a un hospedaje y, además, deberá hacerse cargo de los gastos.
Por otro lado, la agencia de viajes es la que debe prestar asistencia médica en caso de lesión del pasajero, en el marco de las excursiones.
En caso de que una persona tenga un problema con la valija, no debe dejar el aeropuerto o la terminal de ómnibus sin asentar la pérdida o rotura del equipaje.
Para ello, deberá presentar el pasaje, el ticket de equipaje, un documento que acredite la identidad y luego deberá completar un formulario del que se le entregará una copia.
Cuando el equipaje llega con retraso, la línea aérea se lo debe entregar a domicilio. En caso de encontrarse fuera de la ciudad de residencia, se le deberá proveer lo básico y necesario para su estadía, hasta que aparezca la valija.
Algunas empresas aéreas otorgan un monto fijo y otras extienden una autorización para gastos con reembolso.
En el caso de los viajes en micro, no se contempla ese “kit de urgencia”, pero la empresa sí debe responder por el daño o pérdida de equipaje, que deberá ser reclamado dentro de las 24 horas de concluido el trayecto.
En tanto, el hotel es responsable por los bienes del turista resguardados en el mismo.
En materia de daños y perjuicios relacionados con los contratos de viaje, sólo serán indemnizables las consecuencias inmediatas y necesarias de cumplimiento de la obligación, en tanto éste sea encuadrado en un incumplimiento contractual culposo.
El turista cuenta con una escasa protección de su tutela en materia de derechos, el cual ocupa una posición inferior frente al oferente del producto, por lo que son necesarias políticas más protectoras hacia aquel.
2/1/13 Fuente: Iprofesional
Link: http://legales.iprofesional.com/notas/151299-Qu-debe-hacer-si-contrata-un-paquete-turstico-y-no-cumplen-con-lo-pactado

miércoles, 9 de enero de 2013

Nulo cumplimiento de la Ley 25.785 en Salta


Las entidades Nacionales  y la provincia no cumplen con la ley que garantiza un cupo de puestos laborales en reparticiones estatales para personas con capacidades diferentes que pueden desarrollar la tarea encomendada. Por ello, el Defensor del Pueblo inicio los pedidos de informes, para ver si luego de dos años desde la recomendación para el cumplimiento, los organismos nacionales están dando cumplimiento con lo previsto por la ley, en atención que los mismos han firmado el compromiso con el ciudadano y otras cartas sobre el compromiso en el cumplimiento de la ley.
y en la Provincia es exigible? Reseña Jurídica
Hace 20 años y 10 antes de la reforma constitucional de 1994, en el famoso precedente “Cafés la Virginia SA” la Corte Suprema de Justicia afirmaba en el voto de la mayoría que “… el legislador no tiene atribución para modificar un tratado por una ley y si bien podría dictar una ley que prescribiese disposiciones contrarias a un tratado o que hiciese imposible su cumplimiento, ese acto del órgano legislativo comportaría una transgresión al principio de la jerarquía de las normas (art. 31 de la Constitución Nacional) y sería un acto constitucionalmente inválido” y que ” la obligación de respetar los convenios internacionales vigentes es una directiva implícitamente contenida en toda delegación legal en atención a la obligación que pesa sobre el órgano legislativo -y sobre todo órgano del Estado argentino- de evitar la transgresión de un tratado internacional” creando una importante doctrina judicial que se mantendría a nuestros días enmarcada en el respeto a los compromisos internacionales del Estado por sobre la ley local. El extenso y fundado voto del Dr. Antonio Boggiano desarrolló la doctrina del fallo afirmando: “23. Que desde esta perspectiva cobra pleno sentido el mecanismo diseñado por el constituyente para la celebración de acuerdos internacionales, pues la complejidad de su articulación contribuye al mantenimiento de los vínculos asumidos. En efecto, un tratado internacional constitucionalmente celebrado, incluyendo su ratificación internacional, es orgánicamente federal, pues el Poder Ejecutivo concluye y firma tratados (art. 86, inc. 14 Constitución Nacional), el Congreso Nacional los desecha o aprueba mediante leyes federales (art. 67, inc. 19 Constitución Nacional) y el Poder Ejecutivo Nacional ratifica los tratados aprobados por ley, emitiendo un acto federal de autoridad nacional. La derogación de un tratado internacional por una ley del Congreso -o por cualquier otro acto interno de menor jerarquía normativa- violenta la distribución de competencias impuesta por la misma Constitución Nacional, porque mediante una ley se podría derogar el acto complejo federal de la celebración de un tratado. Constituiría un avance inconstitucional del Poder Legislativo Nacional sobre atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, que es quien conduce las relaciones exteriores de la Nación (art. 86, inc. 14, Constitución Nacional); E.64.XXIII. “Ekmekdjian, Miguel Ángel c/ Sofovich, Gerardo y otros”, sentencia del 7 de julio de 1992 -La Ley, 1992óC, 543-“.

Recientemente y ya después de la reforma del año 1994, la Corte Suprema de Justicia tuvo oportunidad en el caso Verbistky, de avanzar sobre la doctrina sentada en la causa Cafés la Virginia SA, en el sentido de extender la responsabilidad a las jurisdicciones provinciales (en este caso a la provincia de Buenos Aires y a la Suprema Corte Provincial) por el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado reconociendo el efecto “uniformador” que tienen las normas de derechos humanos incorporadas a la Constitución Nacional. Es decir, una provincia o jurisdicción local es para el derecho internacional lo mismo que el Estado que la tiene como una jurisdicción local; el incumplimiento de una provincia con los compromisos internacionales del Estado constituye un incumplimiento del propio Estado.

En dicho pronunciamiento, y partiendo de la consideración de la responsabilidad internacional que cabría al Estado Nacional, en razón de que: “…al hallarse cuestionadas garantías del derecho internacional, (…) la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado Argentino frente al orden jurídico supranacional…” , se afirmará que: “…Cualquiera sea el sistema procesal de una provincia y sin desmedro de reconocer su amplia autonomía legislativa en la materia, lo cierto es que si bien no puede llevarse la simetría legislativa hasta el extremo de exigir una completa igualdad para todos los procesados del país, la desigualdad tampoco puede extremar las situaciones hasta hacer que el principio federal cancele por completo el derecho a la igualdad ante la ley, pues un principio constitucional no puede borrar o eliminar otro de igual jerarquía…”, por lo que: “…las provincias se hallan sometidas a un piso mínimo determinado por los estándares internacionales…” (El subrayado es nuestro).
Esta resulta una nueva interpretación del principio de igualdad ante la ley del art. 16 de la Constitución nacional, en consonancia con lo normado en el art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Específicamente en la temática de la discapacidad, la Corte Suprema de Justicia con su conformación actual, expresó en un reciente fallo que: “ … el Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud y que dicha obligación se extiende a sus subdivisiones políticas y otras entidades públicas que participan de un mismo sistema sanitario… asimismo, en Fallos: 323:3229 este Tribunal ha dejado bien establecida la responsabilidad que cabe en esta materia a las jurisdicciones provinciales.”. (Nota: la actora es una persona discapacitada, que solicita una prótesis y medicamentos).

En autos: “Lifschitz, Graciela Beatriz c/ Estado Nacional” (L. 1153. XXXVI, 15/6/2004), la Corte Suprema sostuvo que “… Corresponde recordar que, tal como lo expresa el artículo 1° y el mensaje de elevación, la ley 22.431 instituyó un sistema de protección integral de las personas discapacitadas tendientes a abarcar todos los aspectos relativos a su situación dentro de la sociedad, tratando de establecer un régimen particular en relación con los derechos de los discapacitados, así como respecto de las obligaciones que se imponen a los órganos del Estado. El objetivo de la ley se dirige fundamentalmente a tratar de conceder a quienes se encontraren en esas condiciones, franquicias y estímulos que le permitan -en lo posible- neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca (v. doctrina de Fallos: 313:579” para agregar que: “Al propiciar esta solución, considero que debe tenerse en especial miramiento, de un lado, que la atención y asistencia integral de la discapacidad, como se ha explicitado en las leyes antes referidas y en jurisprudencia de V.E. que pone énfasis en los compromisos asumidos por el Estado Nacional en esta materia (v. doctrina de Fallos: 323:3229; 324:3569, entre otros), constituye una política pública de nuestro país” (del dictamen del Procurador).

En consecuencia, la doctrina judicial del Alto Tribunal no deja lugar a dudas sobre el alcance de la responsabilidad de las jurisdicciones provinciales en el cumplimiento de los compromisos internacionales del país y que dichos compromisos, constituyen (o deberían hacerlo) políticas públicas sobre cuya efectividad debe responder el Estado.

Muchos Salteños con discapacidad vienen luchando hace tiempo ante una sociedad que tiene en gran medida estigmatizada a las personas con discapacidad y por consiguiente excluida en el campo laboral. Se tejen perjuicios falsos de que ellas son problemáticas, impuntuales, sumamente dependientes, improductivas, etc, sin entrar a considerar todas sus capacidades residuales, es decir, aquellos que la discapacidad no impide que puedan realizar satisfactoriamente y que representa todo un verdadero potencial muchas veces desaprovechado. El deber de expedirse la autoridad administrativa sobre toda reclamación de los particulares es sin dudas un importante punto de arranque a los fines de deslumbrar la arbitrariedad o no que tal decisión puede generar en torno a los intereses legítimos y derechos fundamentales del ciudadano.

Cumplimiento de la ley 25.785


Visto 
La ley 25.785 y 

Considerando:

Por la Ley Nacional Nº 25.785, sancionada el 01 de octubre de 2003 y promulgada de hecho el 30 de octubre de 2003, se ha establecido, que las personas discapacitadas tendrán acceso a una proporción no inferior del cuatro por ciento (4%) de los programas sociolaborales que se financien con fondos del Estado nacional.

Si bien el Poder Ejecutivo Nacional, se halla facultado a reglamentar la implementación y control de cumplimiento de la Ley, no es menos cierto que el Gobierno Provincial, los Municipios y las entidades no gubernamentales, pueden ejercitar dicho control, para que el objetivo de dicha Ley se logre.-

Por ello, solicitamos al Poder Ejecutivo, informe sobre el cumplimiento de la misma, por el Gobierno Provincial, los Municipios y las entidades mencionadas.
-R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º:SOLICITAR al PODER EJECUTIVO PROVINCIAL, se sirva INFORMAR sobre el cumplimiento de la Ley Nacional Nº 25.785 (por la que se establece que las personas discapacitadas deben tener acceso a una proporción no inferior del cuatro por ciento (4%) de los programas sociolaborales que se financien con fondos del Estado Nacional), por parte del Gobierno Provincial, los Municipios de la Provincia y las entidades no gubernamentales.-
ARTÍCULO 2º:DE FORMA.-

Discapacidad


Las Personas con Discapacidad tienen derechos basados en los principios de igualdad de oportunidades e integración plena, garantizados por Tratados Internacionales, la Constitución Nacional, y leyes de la Nación Argentina y de la Provincia de Buenos Aires.

El Área Discapacidad de la Defensoría del Pueblo atiende reclamos relacionados con actos, hechos u omisiones de la Administración Pública provincial y municipal y/o de prestadores de servicios públicos que vulneren los derechos de las Personas con Discapacidad.

Temáticas frecuentes de reclamo:
• Negación de los derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la Administración Pública.
• Incumplimiento de obras sociales y prepagas médicas.
• Agilización de trámites de pensiones por discapacidad.
• Asignaciones familiares por hijo con discapacidad.
• Incumplimiento del cupo laboral para Personas con Discapacidad que fija la ley.
• Denuncias por incumplimiento de las garantías de accesibilidad de las empresas de transporte o concesionarias de peaje.
• Inconvenientes para la expedición de pasajes de media y larga distancia


En el año 2008, la Argentina ratificó mediante la ley 26.378 [PDF, 55 Kb], laConvención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad [PDF, 562 Kb].

Para lograr estos objetivos, resulta muy importante la articulación con organizaciones sociales vinculadas a esta problemática, ya que es clave para la defensa, difusión y promoción de los Derechos Humanos; asimismo, constituyen una fuerza fundamental, cumpliendo una función dinamizadora, muchas veces crítica, pero siempre promotora de acciones de cambio positivas en la sociedad.


"Cuantos más obstáculos hay, más discapacitada se vuelve una persona".


• Para descargar la Guía de Trámites, por favor haga clic aquí. [PDF, 78 KB]

fuente. defensor del Pueblo Buenos Aires