Los entes reguladores: controladores sin control

El Neoliberalismo riojano de los noventa los creó y el Nacandpopismo de esta década afianzó a estos organismos escenográficos que simulan controlar a las privatizadas y nos cuestan como si fueran de verdad.

Los entes reguladores de las empresas de servicios públicos fueron creados como complemento de las privatizaciones, en la década del ’90. Estos organismos dependientes del Estado tienen una misión específica, que es controlar el desempeño de las empresas concesionarias de los servicios. Con ese propósito fueron creadas la Comisión Nacional de Comunicaciones (telecomunicaciones), el ENRE (electricidad), el Enargas (gas) y en Salta el ENTE  (agua y energia).

Además de monitorear el servicio de las licenciatarias, los entes de control deben verificar el cumplimiento de las inversiones, tal como hayan sido comprometidas. En resumen, es desde éstos organismos del Estado donde se le debe garantizar a los usuarios la calidad del servicio, a los precios previamente pactados.

Al menos, en teoría. A casi dos décadas de su creación, la actuación de los organismos de control dista mucho aquel objetivo original.

SIN CONCURSO

El primer problema que presentan estos organismos de control es que no tienen una representatividad genuina, señalan a coro las entidades de usuarios.

Ocurre que sus directores, lejos de ser designados por concurso público y antecedentes -como indica la ley- han sido elegidos a dedo, por la vía del decreto del Poder Ejecutivo. “Esta es una carencia fundamental. Significa que desde el vamos ya tenemos un problema”, apunta Pedro Bussetti, titular de DEUCO, una de las entidades de usuarios que participa en los organismos.

Tanto la ley 24.065, por la cual se creó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), como la ley 24.076 que creó el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) establecen la modalidad del concurso público para sus directivos. “Eso no se cumple”, aseguró Bussetti.

Un ejemplo de la intromisión del poder político en los entes reguladores, se vio claramente en diciembre del año pasado, cuando la sobredemanda de electricidad produjo prolongados cortes de energía en varios puntos de la ciudad. Quien salió a hablar de la posiblidad de rescindir el contrato a la empresa prestadora del servicio y de las posibles multas a aplicar, fue el ministro de Planificación Julio De Vido, cuando, en realidad, debería haber sido el ente regulador.

CONTROL TARDÍO

Otro problema grave que presentan los entes reguladores es que los contratos establecieron que el control sobre el accionar de las privatizadas debían ser hechos sobre los resultados, de modo que las compañías deben rendir cuentas mientras dura el proceso de las inversiones.

“En otros países del mundo que tuvieron procesos similares de privatizaciones, se crearon primero, entes reguladores fuertes y luego se concretaron las privatizaciones”, explicó Héctor Polino, ex diputado y representante legal de la asociación Consumidores Libres.

Ese mecanismo de control tardío no sólo impide una verificación más cercana del cumplimiento de las inversiones. Además, si una distribuidora equis propusiera un plan de acción, el ente regulador no tiene potestad para analizarlo antes de que sea instrumentado, de modo de prevenir problemas para los usuarios.

Un ejemplo son los apagones de diciembre del año pasado, que dejaron a oscuras a miles de hogares durante los enero y febrero del corriente año “Eso no habría ocurrido si el ENTE hubiese controlado la realización de los trabajos de mantenimiento necesarios”. En febrero del 2013, hubo una serie de tormentas que también afectaron el servicio de luz y agua en la Ciudad.

LA TERCERIZACION DE LA DEFENSA

Cuando se producen los daños económicos para los usuarios, ya sea por cortes de electricidad o rotura de electrodomésticos, no es la presión de los entes reguladores la que la que finalmente consiguen algún tipo de resarcimiento para los damnificados, a pesar de que debería ser una acción básica de este tipo de organismos que cuentan con grandes estructuras y presupuesto asignado por el Congreso.

La defensa efectiva suele caer en cabeza de las entidades defensoras de los derechos de los usuarios, que son ONG’s, pero con una batería de recursos, tanto de infraestructura como de personal, infinitamente inferior a la de los entes reguladores.

De hecho, son una suerte de convidados de piedra en la toma de decisiones sobre la calidad de los servicios: la participación de los defensores de los usuarios en los directorios es solo “consultiva”. Es decir, no toman ningún tipo de decisión.

 extracto  Por Soledad Villarino

UN CASO EMBLEMÁTICO

La Sra. Lopez Matilde se encuentra en una contienda judicial con las resoluciones del Ente Regulador que no hicieron lugar a un pedido de revisión de consumo que en tres meses le facturaron mas del 1500% para luego normalizarse sin explicación alguna.

Que pese a que se encuentra litigando y la resolución que le fija los cargos a pagar no ha quedado firme, ya que no existe sentencia, Aguas del Norte todos los meses procede a restringir el servicio, clara vejación de derechos y medida de para que el usuario pague y vea frustrado su derecho a reclamar.

también hay que destacar que la justicia (contencioso Administrativo) tampoco contribuye a que la parte mas débil pueda ejercer su derecho ya que la existencia de un solo juzgado parece que ha estrechado los lazos de los que asisten mas asiduamente a ese tribunal, llámese Pcia de Salta, Municipalidad, Ente regulador etc.