Si el Gobierno decide retomar la quita a los subsidios a la luz y el
gas –un plan que anunció en el verano, pero que luego aplicó sólo a
algunos barrios– se encontrará con una luz verde para aplicar aumentos de hasta el 350% .
Es que el proyecto de Presupuesto 2013 establece que cargos específicos a las facturas de luz y gas , que antes eran aplicados mediante un decreto, ahora estarán dentro de la ley que sancionará el Congreso.
El paso del cargo específico de “decreto” a ley allana el camino para los incrementos de tarifas que el Gobierno ya autorizó o que quiera decidir en 2013.
En el artículo 54 de la “ley de leyes” de 2013 se establece que el decreto 2067/2008, que habilitó a distribuidoras de luz y energía a cobrarles a los clientes residenciales por las importaciones, cambiará de situación legal: dejará de ser decreto para transformarse en ley .
De esa forma, el Gobierno busca que no haya más clientes que puedan abstenerse de pagar el aumento tarifario, que puede llegar hasta el 350% en sus tarifas.
En 2008, la Presidenta creó un “cargo específico” para atender las importaciones de gas. Ese “cargo específico” fue aplicado a clientes de consumos superiores a los 1.000 metros cúbicos anuales e implicó subas de entre el 50% y 180% en las boletas bimestrales. Sin embargo, ni bien entró en vigencia, tuvo una fuerte reacción de los usuarios y del Defensor del Pueblo de Salta en los autos Alvaro Ulloa c/ poder ejecutivo nacional S/ Inconstitucionalidad , que cuestionaron la magnitud del aumento y el hecho de que el cargo equivale a un impuesto , que debe ser aprobado por ley. Por esa razón, se obtuvieron sentencias positivas, a mediados de 2009 que pidió el ombudsman. De esa forma, permitió que aquellos clientes que no quisieran pagar el aumento pudieran hacerlo. Los que recibieron incrementos en sus facturas podían abstenerse de pagar, hasta que se definiera la cuestión de fondo , es decir si el decreto 2067 era legal o no.
Con la incorporación de un nuevo artículo en el Presupuesto, el Poder Ejecutivo busca remover todos los obstáculos legales para aplicar un aumento . En el Gobierno razonan que si los “cargos tarifarios” están incluidos en el Presupuesto y aprobados por el Congreso (como se supone que hará la mayoría oficialista), ya se puede a dar al nuevo impuesto como avalado por “ley”, según la interpretación de los técnicos que conocen el andamiaje del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. Pese a que le quitaron muchas funciones, esta cartera sigue siendo responsable de las tarifas de servicios públicos.
Hasta ahora, los usuarios de gas que perdieron los subsidios como también aquellos que los conservaban pero habían sido alcanzados por el cargo tarifario contaban con la “cautelar” a su favor que les permitía no pagar un aumento si no querían hacerlo.
“El cargo y el fondo fiduciario creado por el decreto 2067 (que habilita los cobros adicionales para que los clientes residenciales paguen las importaciones de gas que realiza el Gobierno) se regirán por lo previsto en la ley 26.095, considerándose incluidos dentro de las previsiones de la citada ley y todos los actos dictados en el marco del decreto 2067”, dice el proyecto de Presupuesto que tienen los diputados en sus manos.
La ley 26.095 habilita al Poder Ejecutivo a realizar importaciones para garantizar el abastecimiento de combustibles.
Es que el proyecto de Presupuesto 2013 establece que cargos específicos a las facturas de luz y gas , que antes eran aplicados mediante un decreto, ahora estarán dentro de la ley que sancionará el Congreso.
El paso del cargo específico de “decreto” a ley allana el camino para los incrementos de tarifas que el Gobierno ya autorizó o que quiera decidir en 2013.
En el artículo 54 de la “ley de leyes” de 2013 se establece que el decreto 2067/2008, que habilitó a distribuidoras de luz y energía a cobrarles a los clientes residenciales por las importaciones, cambiará de situación legal: dejará de ser decreto para transformarse en ley .
De esa forma, el Gobierno busca que no haya más clientes que puedan abstenerse de pagar el aumento tarifario, que puede llegar hasta el 350% en sus tarifas.
En 2008, la Presidenta creó un “cargo específico” para atender las importaciones de gas. Ese “cargo específico” fue aplicado a clientes de consumos superiores a los 1.000 metros cúbicos anuales e implicó subas de entre el 50% y 180% en las boletas bimestrales. Sin embargo, ni bien entró en vigencia, tuvo una fuerte reacción de los usuarios y del Defensor del Pueblo de Salta en los autos Alvaro Ulloa c/ poder ejecutivo nacional S/ Inconstitucionalidad , que cuestionaron la magnitud del aumento y el hecho de que el cargo equivale a un impuesto , que debe ser aprobado por ley. Por esa razón, se obtuvieron sentencias positivas, a mediados de 2009 que pidió el ombudsman. De esa forma, permitió que aquellos clientes que no quisieran pagar el aumento pudieran hacerlo. Los que recibieron incrementos en sus facturas podían abstenerse de pagar, hasta que se definiera la cuestión de fondo , es decir si el decreto 2067 era legal o no.
Con la incorporación de un nuevo artículo en el Presupuesto, el Poder Ejecutivo busca remover todos los obstáculos legales para aplicar un aumento . En el Gobierno razonan que si los “cargos tarifarios” están incluidos en el Presupuesto y aprobados por el Congreso (como se supone que hará la mayoría oficialista), ya se puede a dar al nuevo impuesto como avalado por “ley”, según la interpretación de los técnicos que conocen el andamiaje del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. Pese a que le quitaron muchas funciones, esta cartera sigue siendo responsable de las tarifas de servicios públicos.
Hasta ahora, los usuarios de gas que perdieron los subsidios como también aquellos que los conservaban pero habían sido alcanzados por el cargo tarifario contaban con la “cautelar” a su favor que les permitía no pagar un aumento si no querían hacerlo.
“El cargo y el fondo fiduciario creado por el decreto 2067 (que habilita los cobros adicionales para que los clientes residenciales paguen las importaciones de gas que realiza el Gobierno) se regirán por lo previsto en la ley 26.095, considerándose incluidos dentro de las previsiones de la citada ley y todos los actos dictados en el marco del decreto 2067”, dice el proyecto de Presupuesto que tienen los diputados en sus manos.
La ley 26.095 habilita al Poder Ejecutivo a realizar importaciones para garantizar el abastecimiento de combustibles.
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