lunes, 26 de diciembre de 2016

Audiencia publica SAETA, Impugnación costos

IMPUGNA COSTOS-  



Ref                                                              


Al Presidente de la

Autoridad Metropolitana de Transporte

Federico Hanne

 

Su despacho

Nicolas Zenteno a cargo de la defensoría del pueblo de la ciudad de Salta y en representación de la Asociación Civil ECEA, con registro en la SEDECOM Nº 4. Personería que se encuentra acreditada en las actuaciones realizadas en  esta dependencia bajo Nº 0090239-52415/2016-0, que por un principio de economía procesal me remito al mismo por la personería invocada, solicitando se tenga presente. Digo:

 I.- CONSTITUYO DOMICILIO LEGAL: Que a los efectos del presente constituyo domicilio procesal en la calle Adolfo Güemes 376 de esta ciudad.-

II.- OBJETO: Que en virtud  de los artículos  4 inc.  e) y 11  inc.  2 de la Ley 7.322, vengo en el carácter invocado, y legal tiempo  y forma  a deducir IMPUGNACIÓN contra la estructura de costos y análisis de los mismos presentada por la empresa SAETA, por no encontrase debidamente fundamentados y en caso de tenérselo por ciertos podría causar un GRAVAMEN IRREPARABLE, en virtud de los derechos que con la misma se conculcan.-

III.- VICIOS EN LOS REQUISITOS ESENCIALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO. VIOLACION DEL DERECHO VIGENTE:

Que la resolución impugnada constituye un acto administrativo que,  instaurando el procedimiento concreto en función del llamado a audiencia pública para el día 29 de diciembre de 2016, procede a avanzar en el proceso adecuación de tarifas para el transporte urbano de pasajeros de acuerdo a los costos que como ANEXOS I, II respectivamente, forman parte integrante de dicho acto.-
Como surge de la lectura dela documentación acompañada la misma es totalmente insuficiente para fundamentar el aumento de la tarifa para el trasporte urbano, toda vez que los aumentos denunciados impactan en forma indirecta en la tarifa del transporte en atención a que cada ususario no debe pagar el aumento de cada ítem sino solo en la medida que el mismo impacte en la estructura de costos.
Que la empresa hasta la fecha no menciona ni informa ni acompaña los balances correspondientes a los ejercicios anteriores, situación que hace imposible a esta parte emitir una opinión valida sobre el aumento solicitado.-
La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección.
Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección.
Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión de la reconsideración, tratándose de una resolución administrativa, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente.
La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal.
De igual manera, se configura el vicio en la motivación, ya que el acto “deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir(lo), consignando, además los elementos tenidos en cuenta para esa fundamentacion”, mientras que el procedimiento que origina la sanción de la resolución y que aquí se impugnan, desconoció los derechos que asisten como ciudadanos de Salta y afectan los bienes de la Ciudad.-
Que SAETA,   y el conjunto de empresas que prestan el servicio de transporte público, reciben mensualmente subsidios de carácter nacional y provincial, los que sumados a la recaudación propia de la actividad conforman la estructura de Ingresos.
Ante la falta de información sobre los costos solicito en forma previa a la audiencia publica que SAETA informe sobre;
Subsidios nacionales, monto evolución, precio diferencial del gasoil por empresa y forma global.-
Conforme la evolución que se detalla a continuación:
1 Una de las subvenciones del Estado Nacional provienen de las partidas llamadas SISTAU (Sistema de Transporte Automotor) destinadas al funcionamiento normal del servicio, a partir del Decreto 652/02, se creó un fondo de financiamiento proveniente del cobro de impuestos al Gas Oil, el cual gravaba el producto en un 18% del valor de venta final, a partir del cual se destinaba los fondos para subsidiar la actividad del servicio de Transporte Público.

2 Mas adelante, se crea un segundo subsidio, el llamado Precio Diferencial de Gas Oil (Decreto 675/03), el cual pretende bajar los costos de combustibles a partir de un acuerdo entre tres partes, las petroleras, las empresas prestadoras de servicio y el Estado: Tal acuerdo consiste en congelar precios del insumo por debajo de su precio de venta de mercado que cobran las petroleras,   para las empresas de transporte, siendo el estado quien se hace cargo de la diferencia.
3 Finalmente, surgen las llamadas Compensaciones Complementarias Provinciales (Decreto Nº 98/07), cuyo objetivo fue equiparar las ayudas estatales de las áreas de los centros urbanos con la del interior, teniendo en cuenta que los incrementos de los costos, se hacían mas difíciles de sopesar por las empresas de transporte del interior.
Subsidios Provinciales
Por otro lado, por Ley de Presupuesto Provincial 2016 Nº 7915, se destinarán para la Sociedad Anónima  de  Transporte  Automotor  un  monto  anual  de  $510.000.000    que  equivale  a $42.500.000 mensuales, en concepto de subsidios provinciales para dicha empresa. Es llamativo en este sentido, la prioridad que le asigna el Gobierno Provincial a esta actividad teniendo en cuenta las erogaciones del Estado Nacional. 
De esta manera según el Presupuesto Provincial, el Gobierno destina fondos 23 veces mas a Saeta que a la construcción de viviendas y promocion habitacional, 26 veces más que a promover la industria, 6 veces lo que destina a la promoción de empleo y capacitación laboral, y mas del triple de lo que destina tanto a cultura como al deporte.
Recaudación

Según las declaraciones del propio presidente de SAETA, Claudio Mastandrea actualmente la cantidad de  pasajes vendidos  superan los 17.000.000 mensuales, que  - siempre tomando como referencia Marzo- a un precio de 3.25 da una recaudación mensual de por lo menos
$55.250.000. Suponiendo que el Pase Libre para estudiantes y jubilados, tenga un costo de $40 millones como señaló el mismo funcionario (monto que jamás fue justificado por parte de la empresa  ni  el  gobierno),  entonces  los  ingresos  netos  mensuales  por  recaudación  de  la empresa estarían alcanzando los $15.250.000 por mes.
IV.- Derecho: Fundo el presente recurso en las disposiciones de Ley Procedimiento Administrativos arts. 7, 14, 17, y cctes.; Tratados Internacionales;  reglamentos de Audiencias Públicas de Salta; doctrina y jurisprudencia aplicables al caso.-
V-PETITORIO: Por todo lo expuesto a la AMT, solicito:
Primero: Me tenga por presentado en el carácter invocado, y con la legitimación activa acreditada.-
Segundo: Se tenga por deducida impugnación e interpuesto en tiempo y forma propios el recurso de RECONSIDERACION contra la misma.-
Tercero: Se  dicte resolución disponiéndose que en forma inmediata SAETA Informe sobre:
Ingresos Detallando los subsidios provinciales, nacionales y recaudación.-
Acompañe estructura de costos conforme Exp.  N° 124340001  del  Consejo  Federal  de  Inversiones, donde presento informe sobre la  estructura  de  costos  del  servicio  de transporte público de SAETA y las empresas subcontratadas.-
Cuarto: Hago reserva de ampliar los puntos de la impugnación y en caso de ser necesario recurrir a la justicia en resguardo del erario público y el derecho de los usuarios del transporte público de pasajeros de la ciudad de Salta .-

Proveyendo de conformidad
SERA JUSTICIA


jueves, 1 de diciembre de 2016

Reunión por procrear, grandes avances

El Jueves 24 de octubre junto con los defensores de Parana, Luis Garay y el defensor de Corrientes, Javier Rodriguez nos reunimos en con los responsables de Procrear del Banco Hipotecario el Sr. Sergio Corradi,

miércoles, 16 de noviembre de 2016

Convenio Defensoria del Pueblo con Anses. Reparación Historica



2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”


CONVENIO ESPECÍFICO
ENTRE  LA
ASOCIACION DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y
 LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL


Entre la ASOCIACION DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en adelante “LA ASOCIACION”, representada por Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, Dr. Ángel Armando Alejandro Amor, con domicilio en Piedras 582/84 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, en adelante “ANSES”, representada por su Director Ejecutivo, Lic. Emilio Basavilbaso, con domicilio en la Av. Córdoba 720, 5º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por otra parte, y ambas conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, en el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado oportunamente, acuerdan suscribir el presente Convenio Específico en base a las cláusulas que a continuación se transcriben:

PRIMERA: OBJETO. LAS PARTES acuerdan colaborar entre sí a los efectos de otorgar asistencia profesional y representación letrada a los beneficiarios, titulares de jubilaciones y pensiones pertenecientes al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO, que no hubieran iniciado a la fecha juicio de reajuste de haberes, en función a los Acuerdos Transaccionales a celebrar en los términos del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados previsto en la Ley 27.260.
Para ello, y a los efectos de cumplir con el objeto del presente acuerdo, las PARTES, acuerdan aportar los datos necesarios para la creación de un link que remitirá a una base on line de profesionales de cada Defensoria, a los fines de otorgar asistencia profesional y representación letrada en los referidos acuerdos y en función del procedimiento establecido en el articulo 1 de la Ley 27.260 (in fine).

SEGUNDA: LA ASOCIACION se compromete a brindar asesoramiento integral y a mantener su Servicio de Atención y Asesoramiento Permanente a disposición de los jubilados y pensionados. Con fundamento en el derecho de acceso a la justicia, a dicho asesoramiento, se sumará el patrocinio jurídico gratuito con plantel de profesionales de la institución, comprometiéndose asimismo a brindar a los jubilados y pensionados el pleno acceso a los listados oficiales publicados.

TERCERA: El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de tres (3)  años a partir de su suscripción, renovándose automáticamente por similar período. No obstante ello, cualquiera de LAS PARTES podrá denunciarlo unilateralmente sin expresión de causa mediante comunicación fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30) días.

CUARTA: Independientemente de que los términos del presente Convenio Específico puedan ser difundidos por LAS PARTES, las mismas garantizan el estricto cumplimiento por todas las personas que participan de las actividades motivo del  convenio, de las normas sobre “secreto estadístico de la información”, “confidencialidad de la información” y “protección de datos personales”, de conformidad con la normativa vigente.
QUINTA: Los derechos intelectuales que se originen en los proyectos, trabajos y/o publicaciones realizadas por LAS PARTES en el marco de lo acordado en el presente Convenio, pertenecen a ambas instituciones, salvo acuerdo en contrario o reserva de derechos que éstos efectúen. Asimismo deberán arbitrar los medios para que dicha información sea compilada y organizada para que pueda ser debidamente consultada por ellas con posterioridad.
SEXTA: LAS PARTES declaran tener competencia para celebrar y firmar el presente Convenio Marco, en virtud de las respectivas disposiciones legales y administrativas vigentes.
SÈPTIMA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este convenio, LAS PARTES mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, asumiendo, por lo tanto, las responsabilidades correspondientes.

OCTAVA: Queda al arbitrio de cada Defensor, integrante de la Asociación de Defensores de la República Argentina, la adecuación del presente convenio, conforme la situación y legislación vigente en cada jurisdicción.

NOVENA: Para todos los efectos que pudieren corresponder derivados del presente, LAS PARTES fijan sus domicilios en los indicados en el encabezamiento, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que en ellos se practiquen.

DECIMA: LAS PARTES acuerdan resolver las eventuales controversias que se pudieren suscitar en forma consensuada e intentando solucionarlas institucionalmente. Para el caso que no se pudiere llegar a un acuerdo institucional de solución de controversia,  LAS PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los cuales serán válidos los domicilios arriba denunciados.

En prueba de conformidad se firman ... (...) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los     días del mes de noviembre de 2016.






Cobro de Bolsas de Supermercado Audiencia de Conciliacion


El  que suscribe, Nicolas Zenteno Núñez DNI 22637816,acargo de la defensoria del pueblo de Salta, en nombre y representación de PROTECTORA, ASOCIACION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, RNAC Nº35; en uso de las facultades otorgadas por el art 42 de la CN y el art. 56 y cts. de la ley 24.240 (LDC), me dirijo a Ud. a fin de adherir a la denuncia formulada por el Dr. Daniel Humberto Paganetti  para evitar que se siga trasladando el costo de las bolsas plásticas de acarreo (a los consumidores) por parte de los supermercados, hipermercados, autoservicios y demás comercios, en nuestra ciudad de Salta, por los motivos que paso a explicarle:
A partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal 13.553, en la que se ordena la implementación de una nueva “modalidad” en lo que respecta a la entrega (por parte de los supermercados, hipermercados y autoservicios) de las bolsas plásticas, de acarreo, en la ciudad de Salta, esta Asociación ha recibido numerosas consultas y reclamos de los vecinos de esta Ciudad, señalando que las mismas les son facturadas en la compra, es decir, se está trasladando el costo de las mismas a los consumidores (alrededor de 0,40 o 0,50 centavos por bolsa).
En lo que aquí nos interesa – atento el motivo de las quejas recibidas – entendemos que el nuevo sistema que pretende implementar la ordenanza es la reducción del uso de las bolsas plásticas y la separación diferenciada de los residuos desde los hogares; pero corresponde señalar en primer lugar que no hay alusión ni indicación alguna, por parte de la citada ordenanza, en la que autorice a los comercios a cobrar un adicional por la provisión de las bolsas plásticas, las que hasta la entrada en vigencia de la norma eran proporcionadas de manera gratuita.
Por otro lado y desde la perspectiva constitucional, el costo de las obligaciones que una norma impone a los proveedores de bienes y servicios -en este caso, dirigida a proteger el ambiente y el desarrollo sustentable- no debiera ser finalmente trasladado a los consumidores, toda vez que la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, “…a la protección de sus intereses económicos y a condiciones de trato equitativo y digno…” (art. 42 CN).
En suma, esta decisión del sector empresarial, se ha traducido en una práctica abusiva, toda vez que se está obligando al consumidor a pagar por algo que no ha solicitado, cargo ademas -que no está previsto ni autorizado por la normativa – afectándose derechos e intereses, constitucionalmente reconocidos, con proyección de incidencia colectiva. Cabe destacar que el cobro de la bolsa el consumidor no tiene la posibilidad de elegir el envase, el producto que se vende en la línea de caja no solo no garantiza su biodegradabilidad sino que además se encuentra estampado con el logo y la marca de la cadena de retail a la que corresponde, cobrando una suma antojadiza que genera una ganancia frente a lo que antes era un servicio.-
Por lo expuesto, consideramos que debiera ser la Dirección de Defensa del Consumidor dependiente del Gobierno de la Provincia de Salta – en su carácter de Autoridad local de Aplicación para la defensa de los derechos del consumidor y del usuario – la que debiera tomar intervención en el tema para brindar efectiva tutela a los ciudadanos consumidores afectados por la medida, toda vez que es el organismo gubernamental con facultades sancionatorias, que puede iniciar actuaciones de oficio tendientes a determinar la existencia de infracciones a cualquiera de las normas – constitucionales, legales o reglamentarias – de la Ciudad cuyo objeto sea la protección al consumidor.
Para ello, y conforme a sus facultades legales, puede disponer la realización de inspecciones o comprobaciones técnicas, así como también dictar medidas preventivas, siempre que exista peligro en la demora y verosimilitud en el derecho invocado. Sostiene especializada doctrina, que las autoridades de aplicación tienen importantísimas funciones y atribuciones, donde la oficiosidad e iniciativa propia cobran un carácter central, que requiere un cierto activismo estatal para la efectiva protección de los consumidores; “Existe una multiplicidad de factores que se conjugan para impedir o dificultar que los consumidores plasmen sus denuncias frente al quebrantamiento de sus derechos.
Por lo tanto, es la autoridad administrativa de aplicación del sistema normativo de defensa del consumidor la que debe ordenar, por iniciativa propia, la realización de inspecciones para verificar si los productos o servicios que se comercializan en su jurisdicción cumplen con la legislación general de defensa del consumidor y con las normas especiales del tipo de actividad o producto de que se trate… Con mayor grado de intensidad aún, el Estado debe desplegar todas sus herramientas cuando la afectación o el riesgo de que ella se concrete, provengan de productos o servicios comercializados u ofrecidos en forma masiva… Sabido es que la mayor parte de los afectados no iniciará una acción judicial para reclamar por ‘su parte’ el perjuicio ocasionado masivamente.
Por ello es la autoridad administrativa la que debe hacer uso de sus facultades, pudiendo: a) iniciar acciones judiciales gracias a la legitimación judicial conferida por la LDC (art. 52); b) impulsar actuaciones administrativas para perseguir el cese de la conducta en infracción y, de corresponder, aplicar las sanciones pertinentes” (BRU, Jorge M. Y RUSCONI, Dante, “Protección Estatal de consumidores y usuarios”, en la obra Manual de Derecho del Consumidor, RUSCONI, Dante (Coor.), 1era. Ed., Buenos Aires Abeledo Perrot, 2009, p. 517/518)
1. Solicito que se declare la infracción a los art. 1, 2, 5, 6, 7, 8 bis  40 y ccs. de la Ley 24.240, en conjunción con los artículos 5 y 9º de la Ley de Lealtad Comercial (22.802), que tienen su base en el art. 42 de la C.N.,  en consecuencia proceda en forma  inmediata y urgente se repare los daños causados que ascienden al monto de lo recaudado en forma mensual por este concepto mediante a donación a nombre de los usuarios a la Fundacion APADI y/o HOPE, todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan.

2. Daño Directo, dado el Daño sufrido, los gastos que se han generado, la pérdida de tiempo en hacer efectivo este reclamo para evitar que los daños “bagatela” queden sin reparación y “en abstracto”, y hacer operativos mis derechos de consumidor , conforme lo he expresado solicito se indemnice con el máximo valor dispuesto por el art. 40 Bis. Ley 24.240.

3 .Sanciones: por la conducta asumida por la denunciada, solicito que la misma le sea aplicada la multa prevista en el art. 47 inc. B), Ley 24.240 y/o cualquier otra sanción que correspondiere.

viernes, 2 de septiembre de 2016

Audiencia Publica como participar

Estimado Nicolás: 

Puede inscribirse, además de en la Sede Central, conforme las previsiones de la RESOLUCIÓN ENARGAS N° 3158/05 y lo dispuesto en la Resolución ENARGAS N° I-3971/16, en todos los Centros Regionales de esta Autoridad Regulatoria; a tal efecto, podrá retirarse de estos el Formulario de Inscripción y, luego de completarlo debidamente cumpliendo los requisitos previstos en la RESOLUCIÓN ENARGAS N° 3158/05, presentarlo en el Centro Regional en cuestión.

No hace falta que lo retire y presente personalmente, mientras que esté suscripto por el solicitante. 

Si se realiza la inscripción por intermedio de un gestor deberá acompañar - adicionalmente - constancia de la representación invocada. 

Es importante recordar que, además de acreditar la personería en el caso en que fuera necesaria, a los fines de exponer en la audiencia, es necesario acompañar también el informe previsto en el inciso b) del artículo 2 del Anexo I de la citada resolución, el cual establece como requisito para la participación, además de la inscripción, la “presentación de un informe que refleje el contenido de la exposición a realizar”.

Asimismo, en los términos de la RESOLUCIÓN ENARGAS N° 3158/05 y de lo establecido en la RESOLUCIÓN ENARGAS N° I-3953/16, la presentación del Formulario de Inscripción debe realizarse, sin excepciones, hasta DOS DÍAS ANTES DE LA AUDIENCIA.

En cuanto a la información, conforme a lo dispuesto por la Resolución ENARGAS N° 3971/16, en los Centros Regionales encontrará copia del Expediente de la Audiencia Pública. 

Por otro lado, cuenta con el Formulario de participación virtual disponible en nuestra página web: www.enargas.gov.ar/AudienciaPublica/audiencia_publica.php, el mismo - si bien no habilita para la inscripción para asistir a la audiencia -  sirve para brindar a este Organismo la opinión o comentario del interesado, hasta la finalización de la audiencia. Estas serán consideradas en forma previa a la decisión sobre el objeto de ésta en los términos de la RESOLUCIÓN ENARGAS N° I-3953/16. La participación de los interesados por esta vía se extenderá hasta el día y hora de finalización de la Audiencia Pública.

Saludo a Ud. atentamente y no dude en comunicarse con nosotros ante cualquier consulta.

Que pensamos del aumento tarifario

DOCUMENTO de la ASOCIACIÓN de DEFENSORES del PUEBLO de la REPÚBLICA ARGENTINA (A.D.P.R.A.).
Los Defensores del Pueblo de la Argentina, se manifiestan en relación a los recientes anuncios oficiales en torno al aumento tarifario en los servicios públicos por parte del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en los siguientes términos:
1-     Reafirmamos nuestra solicitud de convocatoria a Audiencias Públicas previas al tratamiento de un nuevo Régimen Integral Tarifario, para el servicio público esencial de energía eléctrica, gas natural y agua. Ello en virtud de los derechos y garantías expresamente consagrados en la Constitución.
2-     Asimismo, insistimos en ampliar los términos actuales en torno al Régimen de Beneficiarios a la Tarifa Social en todos los servicios públicos, contemplando a los usuarios que pese a no encuadrar en las causales establecidas, su situación económica particular le impide afrontar el pago pleno de la tarifa. También solicitamos una revisión en relación a las causales de exclusión. Particularmente, requerimos que al momento de solicitud de ingreso al Registro, se efectivice la inclusión provisoria al mismo hasta su incorporación definitiva, procediéndose a la refacturación de la boleta de servicio emitida sin el mencionado beneficio, sin que ello implique el corte de suministro.
3-     Por su parte, planteamos nuevamente la imperiosa necesidad de que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación proceda a la reglamentación de la Ley 27.218, la cual establece un Régimen Tarifario Específico en todos los servicios públicos esenciales a las Entidades de Bien Público. Reconociéndoles a las mismas, el rol social que ocupan para la comunidad, ello muchas veces como consecuencia de la ausencia del propio Estado.
4-     Por último, requerimos que al momento de la elaboración de un nuevo Régimen Integral Tarifario se contemple muy especialmente las economías regionales, la particularidades geográficas-climáticas del país, las zonas poblacionales en estado de vulnerabilidad social, las zonas que solamente cuentan con energía eléctrica y no con red de gas domiciliaria, y la situación que atraviesan las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), las cuales muchas de ellas se encuentran frente a  la decisión límite de afrontar el pago de los servicios o despedir trabajadores
Consecuentemente, solicitamos  para los mismos un Régimen Tarifario Promocional.

Declaración de los Defensores del Pueblo de la República Argentina sobre cesión de datos personales

La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación aprobó por Resolución 166-E/2016 el “Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública” que tiene por objeto la cesión electrónica periódica de los datos personales que obren en sus bases de datos personales: nombre y apellido, DNI, CUIT/CUIL, domicilio, teléfono, correo electrónico, fecha nacimiento y estudios, con el fin de“establecer un marco técnico y jurídico para el intercambio electrónico de información entre LAS PARTES”.
Según cita el convenio dicha cesión de datos propicia el objetivo de “mantener informada a la población, así como identificar y analizar las problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país que permita incorporar la diversidad federal en la comunicación política”. Al efecto, se sostiene que la información de la población debe hacerse “a través de diversas modalidades que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta lograr un contacto individual e instantáneo” y agrega, además, que  “resulta necesario contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de la comunicación”. O sea que el objetivo es la comunicación oficial y el análisis de los datos.
En mérito a lo expuesto, cabe destacar que en nuestra condición de Defensores del Pueblo de la República Argentina tenemos la misión institucional de velar por la protección de los derechos y garantías de los argentinos, entre ellos el derecho a la intimidad, a la privacidad, al honor, a no ser discriminado, a la autodeterminación informativa y  a la protección de los datos sensibles, por lo que no podemos quedar ajenos a la cuestión planteada. A ello se suma el hecho de que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido designada por la ley local de habeas data (Ley nº 1845) como organismo de control con competencia para intervenir en situaciones que involucren el tratamiento de datos personales referidos a personas físicas o de existencia ideal asentados o destinados a ser asentados en archivos, registros, bases o bancos de datos.
Sentada la competencia de los Defensores del Pueblo, cabe destacar -de conformidad con lo establecido por las leyes 25.326 y 1845 (CABA) y por el propio convenio en su cláusula octava- que la cesión y transferencia de información personal existente en bases de datos públicos constituye un dato personal. Estos datos, relacionados entre sí o bien de manera individual, pueden constituirse a su vez como datos sensibles, entendidos estos como aquellos que pueden generar algún trato discriminatorio a su titular. No huelga recordar al efecto que, conforme lo ha establecido la propia Corte Suprema en el precedente “Halabi”, no sólo los datos sensibles pueden lesionar derechos o provocar conflictos al ser utilizados “sino también que datos que no entran dentro de esta categoría, al ser conectados con otros, pueden dar determinados perfiles de la persona, lo que atentaría del mismo modo contra su intimidad”.
Si bien el Estado cuenta entre sus facultades la de recolectar información de los ciudadanos, dicha prerrogativa no es ilimitada. Por el contrario, la recolección de datos personales debe estar justificada, es decir hacerse en cumplimiento de funciones propias o en virtud de una obligación legal, requisito que claramente no se satisface con una apelación genérica a satisfacer necesidades comunicacionales como surge del convenio en análisis. Por otro lado, además de justificada, la recolección y el tratamiento de datos deber garantizar el pleno e irrestricto respeto de los derechos humanos así como asegurar un uso racional de los mismos.
En esta línea, la normativa vigente en la materia consagra un principio rector que establece que la información debe ser utilizada en el marco del fin de su recolección y que veda toda utilización para fines distintos a los que motivaron su obtención. Se trata éste de un requisito esencial que hace a la licitud de la cesión pretendida y que, según se desprende de los propios instrumentos suscriptos por la Administración no se verifica en el caso ya que no existe concordancia alguna entre el fin que motivó la recolección de información que hoy integra las bases de datos del ANSES y la utilización que de ella hará la Secretaría de Comunicaciones Pública.
En ese sentido, cabe recordar que la titularidad de la información personal corresponde a cada uno de los sujetos y que el Estado los posee sólo en calidad de depositario de los mismos. Rige en la materia el principio de autodeterminación informativa, principio que encuentra su origen en la consciencia adquirida en las últimas décadas sobre los daños que el irregular tratamiento de la información le puede irrogar a los ciudadanos. En virtud del mismo, se le reconoce a sus titulares el derecho a controlar y consentir el tratamiento de sus datos personales al tiempo que obtura toda posibilidad de que el Estado ceda o transfiera dichos datos sin el previo y expreso consentimiento de sus titulares.
En mérito a los fundamentos expuestos,
LOS DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AGRUPADOS EN ADPRA INSTAN:
  1. Al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, licenciado Marcos Peña que arbitre los medios necesarios a fin de derogar la Resolución nº 166-E/2016 que aprueba el Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y la Secretaría de Comunicación Pública del Poder Ejecutivo nacional por colisionar directamente con lo preceptuado por las leyes nº 25.326 y 1845 (CABA).
  1. Al Señor Secretario de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Miguel Grecco y al señor Director Ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social, Emilio Basavilbaso, que se abstengan de transferir y/o de hacer uso de los datos personales cedidos en el marco del citado convenio sin el previo y expreso consentimiento de sus titulares, tal como es su obligación.
  1. Llamar la atención a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en cabeza de su titular Dr. Eduardo Bertoni, por cuanto el presente caso no se encuadra en la posibilidad de intercambio de información permitido por la ley de Protección de Datos Personales.
  1. Pedir sea ponderado el criterio seguido por la CABA de dar a un órgano extra poder la custodia de los mismos para ser replicado en la normativa nacional, recomendando sea la Defensoría del Pueblo de la Nación.
  1. Retirar la necesidad de acelerar el proceso de designación del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo vacante desde 2009.

Colegios Privados, Aumentos de cuota, que derechos tengo

Si a Usted quiere reclamar por aumentos de cuota, aranceles en escuelas y colegios de gestión privada, con y sin subvención estatal, le enseñamos como hacerlo..
PROBLEMAS FRECUENTES:
Aumentos de Cuota, No Informada:  
  • Colegios con subvención estatal: Al comienzo del ciclo lectivo, estos establecimientos deben cobrar el arancel informado antes del 31 de octubre del año anterior.
    Colegios sin subvención estatal: Al comienzo del ciclo lectivo, estos establecimientos deben cobrar el arancel informado antes del 1° de octubre del año anterior. Deben informar sobre el monto de las cuotas, iguales e inamovibles.
Aumentos de cuota Prohibidos: 

Decreto 4203/99 Solo para Salta
TITULO VI 1
 De los Aranceles ARTICULO 56.- Los establecimientos educativos de gestión privada establecerán aranceles en el transcurso del año anterior al período para el cual se fija, debiendo ser comunicado el mismo en forma fehaciente a la comunidad educativa y a la autoridad de aplicación. 
ARTICULO 57.- El monto global anual de los servicios educativos que prestan los establecimientos de gestión privada, no podrá exceder de diez cuotas más una por inscripción ni podrá ser modificado durante el período escolar, comprendiendo todos los servicios que preste el establecimiento, salvo incremento de costos laborales para el personal docente. 
  • Aumentos a cuenta de futuros aumentos a docentes o cuyo traslado a la cuota supere la participación del CINCUENTA POR CIENTO (50%) respecto a la cuota del establecimiento. Este porcentaje será de SESENTA POR CIENTO (60%) para los establecimientos comprendidos en el Decreto Nº 2542/91 (con subvención estatal) y del SETENTA POR CIENTO (70%) para las escuelas de Educación Especial.  Por incumplimiento de las normas del presente régimen se hayan percibido importes en exceso, los mismos deberán devolverse o acreditarse a favor de los padres o responsables de los alumnos.
  • Fijación de cuotas escalonadas; ( el decreto 2417/93 asi lo determina).
  • En octubre, no informan el precio final de la cuota, ( le aplican a un porcentaje anual distintos adicionales pero no informan la cuota  a abonar) el decreto dice que deben informar sobre el monto de las cuotas, iguales e inamovibles).
  • Aumentos de cuotas por brindar otras prestaciones.
  • Reducción de los servicios que brinda el establecimiento sin reducir la cuota.
  • Reducción de la carga horaria de los servicios que el colegio se ha comprometido sin reducir la cuota correspondiente.
  • Cobro de prestaciones que no brinda.
  • Cobro de otros ítems.
  • Errores en la facturación.
Aumentos de Cuota Permitidos:
  • Colegios con subvención estatal: Los que expresamente hayan sido autorizados a trasladar aumentos salariales al valor de las cuotas.
  • Colegios sin subvención estatal:  En el caso de los establecimientos que no cuentan con aporte estatal, las variaciones en las cuotas se encuentran reguladas por el Decreto Nacional Nº 2417/93 y el órgano de control es Secretaría de Comercio Interior.
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PASO 1: REALIZAR RECLAMO ANTE EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR
  • POR CARTA DOCUMENTO
  • POR NOTA FIRMADA, SOLICITANDO SU CONSTANCIA DE RECEPCION
***  DEJAR  SOLO FOTOCOPIAS ***
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AL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR
XXXXXXXXXXX (poner razón social)
S———–/———–D:
JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx,   localidad: xxx , Provincia de xxx, Telefóno Nº xxx, Email xxx@xxxxx,  se presenta ante Uds.,   a fin de denunciar lo siguiente:
Hechos: Que vengo a solicitar información cierta, clara y detallada sobre:
a.- Si su establecimiento escolar  cuentan con aporte estatal, y en que porcentaje.  Cantidad de cuotas totales por servicios educativos, por el año lectivo, monto total con discriminación de conceptos. Forma y plazo de pago, y determinación de los recargos a aplicar en caso de mora.
b.- Si no cuenta con aporte estatal, como se compone el valor de la cuota, y  si tiene presentada la declaración jurada, de la conformidad individual y expresa de los padres con los aranceles a percibir.
Los, deberán mantenerse los valores correspondientes al 30 de noviembre del año anterior
Prueba:
Que mis dichos se encuentran avalados por sus propios registros  y cuya obligación es mantener y aportar.
Agregar toda prueba que pueda acreditar los dichos expuestos.
Petición:
Por lo expuesto solicito:
1. Solicito:  que en caso de rechazo expreso o tácito o información incompleta a mi reclamo lo mismo configurará una   infracción  a la Ley de Defensa al Consumidor 24.240,  por los daños causados por su servicio (art. 5) dado su incumplimiento con el contrato en los  términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.(arts. 8, 10 bis y 29), la información adecuada (art. 4), el trato digno (art. 8 bis), cumplimiento de reclamos (30 bis y 31) y tratar de imponerme cláusulas abusivas realizadas en contratos formularios ( arts. 37, 38 y 39), contrato educativo, y Decreto 2417/93,  por lo que solicito cumpla con mi reclamo en forma inmediata.
2. Daño Directo, dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado solicitaré en caso de rechazo se indemnice con el máximo valor dispuesto por el art. 40 Bis. Ley 24.240.
3. Sanciones:  dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado solicitaré en caso de rechazo le sea aplicada la multa y/o cualquier otra sanción que correspondiere, en su máxima graduación, por el  el carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones  atento la posición en el mercado (conf. art. 49 de la ley 24.240) y la correspondiente compulsa a los organismos competentes por el Decreto 2417/93.
Firma:
xxxxxxxx
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Para el caso que no le se ha satisfecho su reclamo o no sea plenamente satisfactorio, Ud. deberá concurrir a formular la denuncia al Organismo Gubernamental de Defensa del Consumidor.
MODELO DE DENUNCIA : x triplicado.
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S—–/——D:
JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx,   localidad: xxx , Provincia de xxx, Telefóno Nº xxx, Email xxx@xxxxx,  se presenta ante Uds.,   a fin de denunciar lo siguiente:
Denunciada: Empresa  (RAZON SOCIAL ) ,  CUIT Nº XXX, con domicilio en  XXX , localidad XXX;  Provincia de XXX, Telefóno Nº xxx.
Hechos:
Conforme surge del reclamo a la denunciada que he acompañado y me remito a los mismos,  ante su negativa a cumplir con el mismo me fuerza a recurrir a solicitar su intervención a fin que resuelva el mismo.
Prueba:
Documental: agregar original y copia de factura, recibo o comprobante que se tenga de la operación. Por DUPLICADO
Constancia: de haber hecho el reclamo previo (si fue necesario) o el número si fue telefónico o por Internet.
Los proveedores deberán acompañar toda la documentación que obre en su poder y que resulte necesaria y suficiente para resolver la cuestión planteada (art. 53 LDC).
Petición:
1. Solicito: que se declare la infracción  a la Ley de Defensa al Consumidor 24.240,  por los daños causados por su servicio (art. 5) dado su incumplimiento con el contrato en los  términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.(arts. 8, 10 bis y 29), la información adecuada (art. 4), el trato digno (art. 8 bis), cumplimiento de reclamos (30 bis y 31) y tratar de imponerme cláusulas abusivas realizadas en contratos formularios ( arts. 37, 38 y 39), contrato educativo, Decreto 2417/93, y ordene a la Denunciada cumplir con la información y los valores de las cuotas conforme el Decreto 2417/93 y el contrato educativo, ordenando la restitución de lo cobrado en forma ilícita,  bajo apercibimiento legal.
2. Daño Directo, dado el Daño sufrido, los gastos que se han generado, la pérdida de tiempo en hacer efectivo este reclamo para evitar que los daños “bagatela” queden sin reparación y “en abstracto”, y hacer operativos mis derechos de consumidor , conforme lo he expresado solicito se indemnice con el máximo valor dispuesto por el art. 40 Bis. Ley 24.240.
3. Sanciones: por la conducta asumida por la denunciada, solicito que a la misma le sea aplicada la multa prevista en el art. 47 inc. B), Ley 24.240 y/o cualquier otra sanción que correspondiere, en su máxima graduación, por el  el carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones  atento la posición en el mercado (conf. art. 49 de la ley 24.240) y la correspondiente compulsa a los organismos competentes por el Decreto 2417/93.
Firma:
xxxxxx
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PASO 3: VÍA JUDICIAL
En el caso que la audiencia de conciliación fuera dispuesta a una fecha remota, que prolongue el trámite innecesariamente en el tiempo, se puede reclamar judicialmente, sin necesidad de agotar la vía administrativa, o recurrir en forma previa.
Para lo mismo la Constitución Nacional le asegura en el artículo 43º el derecho a interponer acción expedita y rápida de amparo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías constitucionales,  contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen a la competencia, al usuario y al consumidor.
Para iniciar una Acción Judicial, requerirá un abogado que la asesore y patrocine. Averigüe la existencia de servicios gratuitos que cuentan los colegios de abogados y los tribunales.
También puede solicitar que lo representen: Asociaciones de Defensa del Consumidor, de Protección del Medio Ambiente, Defensores del Pueblo de la Nación o de las Provincias
Todas las acciones por defensa al consumidor gozan de gratuidad art. 53 LDC, por lo que no se abonará ninguna tasa o gasto para su inicio.
Multa. En caso de verse obligado a litigar judicialmente para poder reclamar el cumplimiento de las obligaciones legales Ud. podrá también reclamar una  multa (sanción punitiva) que deberán pagar a su favorEsta multa puede ser establecida entre los $ 100 y $ 5.000.000 (Art. 47 inc. b) y 52 bis ley 24.240, dependiendo  del carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones  atento la posición en el mercado.
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LEGISLACION APLICABLE
Decreto 2417/93
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA COMPRENDIDOS EN EL DECRETO Nº 2542/91
Artículo 1º: Los institutos privados comprendidos en el decreto Nº 2542/91, cualquiera sea su jurisdicción, deberán informar fehacientemente por escrito a los padres o responsables de los alumnos, antes del 31 de octubre de cada año y para el período lectivo siguiente, los puntos que a continuación se indican:
a. Importe de la matrícula de inscripción o reinscripción, en el caso que la hubiese, y condiciones de reintegro de la misma en el caso de arrepentimiento;
b. Cantidad de cuotas totales por servicios educativos, que se percibirán únicamente durante el año lectivo, con discriminación de conceptos, con arreglo a lo previsto en el último párrafo del artículo 22 de la Ley Nº 13.047;
c. Monto de cada una de las cuotas, que serán mensuales, iguales y consecutivas;
d. Forma y plazo de pago, y determinación de los recargos a aplicar en caso de mora.
Artículo 2º: Antes del 30 de noviembre de cada año deberán presentar los elementos mencionados en el artículo anterior a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ENSEÑANZA PRIVADA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION o al organismo correspondiente de la jurisdicción a la que el establecimiento pertenezca y a la SECRETARIA DE COMERCIOS E INVERSIONES del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Artículo 3º: Los establecimientos de educación pública de gestión privada comprendidos en el Decreto Nº 2542/91, para percibir cuotas extraordinarias o para realizar cualquier modificación en el valor de los aranceles percibidos al 30 de noviembre de 1993, excepto lo previsto en el artículo 9º del presente decreto, deberán contar con la autorización del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION través de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ENSEÑANZA PRIVADA, o del organismo correspondiente de la de la jurisdicción a la que el establecimiento pertenezca y de la SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. Para percibir aranceles por enseñanza extraprogramática, deberán contar solamente con autorización del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION a través de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ENSEÑANZA PRIVADA o del organismo correspondiente a la jurisdicción a la que el establecimiento perteneciera.
Artículo 4º: A los establecimientos comprendidos en el régimen del Decreto Nº 2542/91, que percibieren valores superiores a los que correspondan, se les suspenderá el aporte de la contribución estatal hasta el efectivo cumplimiento de la obligación dispuesta en el presente decreto. La medida será dispuesta por el MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION a través de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ENSEÑANZA PRIVADA, o del organismo correspondiente a la jurisdicción a la que el establecimiento perteneciera.
CAPITULO II
INSTITUTOS PRIVADOS NO COMPRENDIDOS EN EL DECRETO Nº 2542/91
Artículo 5º: Para el ciclo lectivo 1994, antes del 31 de octubre de 1993, los establecimientos de enseñanza pública de gestión privada no comprendidos en el Decreto Nº 2542/91 deberán presentar los elementos mencionados en el artículo 1º a la SECRETARIA DE COMERCIO E INCERSIONES del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, debiendo contar con la conformidad individual y expresa de la mayoría de los padres o responsables de alumnos que concurran al establecimiento, con aranceles a percibir. En el caso de no tener la conformidad requerida, que se acreditará por medio de una declaración jurada de los responsables de los establecimientos educativos, deberán mantenerse los valores correspondientes al 30 de noviembre del año anterior
Artículo 6º: A partir del ciclo lectivo 1995, los establecimientos de enseñanza pública de gestión privada no comprendidos en el Decreto Nº 2542/91, informarán a los padres o responsables de los alumnos antes del 1º de octubre de cada año el contenido del contrato de enseñanza que regirá el ciclo lectivo para el cual se anuncia y que deberá contener como mínimo lo requerido en el artículo 1º.
Artículo 7º: Asimismo, antes del 31 de octubre de cada año, los colegios deberán presentar a la SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES una copia del contrato de enseñanza mencionado en el artículo 6º. Los establecimientos educativos, bajo declaración jurada, deberán acreditar que el contrato educativo cuenta con la conformidad de la mayoría de los padres o responsables de los alumnos que concurran al establecimiento. En el caso de no tener la conformidad requerida se deberán mantener los valores correspondientes al 30 de noviembre del año anterior
CAPITULO III
NORMAS GENERALES
Artículo 8º: El monto de los aranceles no podrá ser modificado durante el transcurso del año lectivo para el cual fue anunciado, y permanecerá invariable hasta su conclusión, con excepción de los previsto en el artículo 9º y de las reducciones que el establecimiento pueda poner.
Artículo 9º: Los establecimientos de enseñanza pública de gestión privada podrán prorratear entre los matriculados, en forma proporcional a los aranceles que abonen mensualmente, los incrementos salariales que se vean obligados a otorgar a su personal docente en cumplimiento del artículo 174 de la Ley Nº 14473 o su equivalente en la jurisdicción a que el establecimiento pertenezca. A los efectos previstos en este artículo, se presume, salvo prueba en contrario, que el costo laboral tendrá una participación del CINCUENTA POR CIENTO (50%) respecto a la cuota del establecimiento. Este porcentaje será de SESENTA POR CIENTO (60%) para los establecimientos comprendidos en el Decreto Nº 2542/91 y del SETENTA POR CIENTO (70%) para las escuelas de Educación Especial.
Artículo 10º: En caso de incumplimiento de lo establecido en los artículos 5º, 6º, 8º y 9º del presente decreto, los interesados deberán recurrir a la SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, que será competente para requerir los elementos de juicio e informaciones que fueren necesarias, pudiendo compulsar incluso la documentación contable de los establecimientos y requerir el auxilio de la SECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Artículo 11º: Cuando por incumplimiento de las normas del presente régimen se hayan percibido importes en exceso, los mismos deberán devolverse o acreditarse a favor de los padres o responsables de los alumnos.
Artículo 12º: Las informaciones que se presenten en cumplimiento de lo establecido en el presente, lo serán con el carácter de declaración jurada.
Artículo 13º: La SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, actuará como Autoridad de Aplicación del presente, resolverá la interpretación que corresponda en cada caso y dictará las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias que correspondiere.
Artículo 14º: La Dirección Nacional de Comercio Interior de la SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ENSEÑANZA PRIVADA del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION o los organismos correspondientes de Comercio Interior y Educación Privada de las jurisdicciones a las que pertenezcan los establecimientos otorgarán en forma conjunta la autorización a que se refiere el artículo 9º del Decreto Nº 2542/91.
Artículo 15º: El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 16º: Los establecimientos de enseñanza pública de gestión privada deberán exhibir en sus instalaciones, en un lugar destacado y visible, copia del presente.
Artículo 17º: Derógase el Decreto 365 del 5 de marzo de 1993.
Artículo 18º: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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ARTICULO 4º – Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.
ARTICULO 8º – Efectos de la Publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor.
En los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos o por correos, publicados por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre, domicilio y número de CUIT del oferente. (Párrafo incorporado por el art. 1º de la Ley Nº 24.787 B.O. 2/4/1997)
ARTICULO 8º bis: Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas.
En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial.
Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor.
ARTICULO 10 bis. – Incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a:  a) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible; b) Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente; c) Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan.
ARTICULO 19. – Modalidades de Prestación de Servicios. Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.
ARTICULO 35. – Prohibición. Queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice.
Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos.
ARTICULO 36. – Requisitos. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad:  a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios.  b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios.  c) El importe a desembolsar inicialmente -de existir- y el monto financiado.  d) La tasa de interés efectiva anual.  e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total.  f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses.  g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar.  h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.
Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.
En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato.
La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos éste hubiere efectuado.
El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en las operaciones a que refiere el presente artículo, con lo indicado en la presente ley.
Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor.
ARTICULO 37. – Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas:
a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños;
b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte;
c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.
La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa.
En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.
ARTICULO 38. – Contrato de Adhesión. Contratos en Formularios. La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares, no contengan cláusulas de las previstas en el artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido.
ARTICULO 39. – Modificación Contratos Tipo. Cuando los contratos a los que se refiere el artículo anterior requieran la aprobación de otra autoridad nacional o provincial, ésta tomará las medidas necesarias para la modificación del contrato tipo a pedido de la autoridad de aplicación.
ARTICULO 40 bis: Daño directo. Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.  La autoridad de aplicación podrá determinar la existencia de daño directo al usuario o consumidor resultante de la infracción del proveedor o del prestador de servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de CINCO (5) Canastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).
El acto administrativo de la autoridad de aplicación será apelable por el proveedor en los términos del artículo 45 de la presente ley, y, una vez firme, respecto del daño directo que determine constituirá título ejecutivo a favor del consumidor. Las sumas que el proveedor pague al consumidor en concepto de daño directo determinado en sede administrativa serán deducibles de otras indemnizaciones que por el mismo concepto pudieren corresponderle a éste por acciones eventualmente incoadas en sede judicial.
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Interés: El sistema educativo argentino es único en América latina y que tiene muchas ventajas debido a un delicado equilibrio legal. Por empezar, en el país no hay escuelas privadas sino de gestión privada, es decir que es el Estado el que regula el funcionamiento de todas las instituciones instaladas en territorio argentino, fija estándares mínimos de enseñanza, supervisa la tarea escolar y otorga los títulos. “La Constitución establece, en el artículo 14, la libertad de enseñanza, mientras que la Ley de Educación contrapone el derecho de aprender que debe garantizar el Estado. Esto significa que aún los colegios que no tienen subsidio estatal alguno son supervisados por el Estado”.
Un documento de análisis sobre las pruebas Pisa 2013 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) titulado “Centros privados: ¿A quien benefician?” señala que los alumnos que asisten a escuelas privadas suelen tener un mejor rendimiento que quienes concurren a los centros públicos, según la evaluación internacional trianual. Sin embargo, aclara que “los alumnos que están inmersos en un contexto socioeconómico similar al de los alumnos de los centros privados, suelen tener un rendimiento igual de bueno”.
“La diferencia en los resultados de aprendizaje pareciera estar más vinculados al origen social y a la propuesta pedagógica de la escuela que al tipo de gestión”
Fuente Mario Vadillo (protectora)