Defensores del Pueblo exigen que Nación garantice el abastecimiento de garrafas sociales


 En la ultima reunion de ADPRA y a pedido de la Defensoria del Pueblo de la ciudad, que fue representada por el Defensor del pueblo de Jujuy Victor Galarce.
Que la Nación asegure los mecanismos de distribución de las garrafas sociales y que genere acuerdos con los municipios para que éstos también sean responsables de la entrega de este servicio, es lo que exigieron los defensores del Pueblo de todo el país en el último plenario de la organización que los nuclea y que tuvo lugar en Santiago del Estero.
El pedido que realizó la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) está dirigido a la Secretaría de Energía nacional para que, por un lado, garantice la entrega de las garrafas por intermedio de su dirección de Gas Licuado de Petróleo y, por el otro, para que se encargue de profundizar los vínculos con las comunas y comisiones municipales a fin de que éstos también se hagan cargo de la distribución en sus jurisdicciones.
Esta iniciativa tuvo origen luego de que el Defensor del Pueblo de Avellaneda y presidente de ADPRA, Sebastián Vinagre, junto a los defensores de Jujuy, Víctor Galarza;  de Tucumán, Hugo Cabral; de Corrientes, Miguel Alegre; y el funcionario a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Carlos Haquim, mantuvieran una reunión con el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron.
Durante ese encuentro, por el cual se buscó tratar la problemática del abastecimiento en el Noroeste y Noreste argentino y cuyo alcance fue explicado durante el plenario de ADPRA, el funcionario aseguró que este año se aumentará un 2 por ciento la cantidad de garrafas sociales distribuidadas en relación con las del año pasado.
Ante el requerimiento de los miembros de ADPRA, Cameron indicó que el precio en mostrador de mayoristas establecido para garrafas sociales será de 16 pesos las de 10 kilos, de 20 pesos las de 12 y 25 pesos las de 15 kilogramos.
Además, el Secretario aseguró que las distribuidoras y fraccionadoras tienen prohibido modificar los precios de venta a usuarios o minoristas, que puede ser penado hasta que se regularicen las condiciones de abastecimiento si se comprobasen denuncias realizadas por usuarios o instituciones de defensa al consumidor.
Por último, los defensores exigieron que las fraccionadoras y distribuidoras cumplan con el Plan de Canje, con el objetivo de terminar con la distinción por color y empresa para la entrega de la garrafa social a los usuarios.

Eloy Gómez Raverta
Director de Prensa
Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires
Coordinador General
Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman - ComFIO

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