lunes, 23 de septiembre de 2013

Pediran que se limiten las promociones de venta la alcohol los fines de semana

El defensor del Pueblo pedirá a los comercios y grandes cadenas de supermercados que limiten las promociones y descuentos en la venta de alcohol de jueves a domingo.
Hoy durante los fines de semana los grandes centros comerciales y supermercados realizan promociones de bebidas alcohólicas, estimulando el mayor consumo con promociones que van desde importantes descuentos hasta tonificarlas en caso de llevar 6 paga 4.-
En un primer momento se procederá a realizar una recomendación para que este tipo de incentivos se de solamente desde el lunes a miércoles, evitando de ese modo incentivar su consumo cuando los habitantes tienen mayor tiempo libre para consumirlas, desde ese modo se trata de atenuar la realización de previas y el incremento de consumo durante los fines de semana.-

martes, 17 de septiembre de 2013

Loteo Santa Monica, elevan denuncia


Tras la reunión del defensor del pueblo adjunto, con los concejales, Borelli, Sumaria y un grupo de vecinos se acompañara desde la defensoria del pueblo con el reclamo de los vecinos por la deficiente calidad de prestación de servicios que realiza el titular del loteo-
En tal sentido se remitio al Juzgado correccional N° 2 denuncia penal y el pedido de una Cautelar que resguarde el derecho de los vecinos.-
 Texto de la denuncia presentada.
lI.- ANTECEDENTES DEL CASO: Que el Sr. Arturo Alfonso Isola procedió a realizar el loteo Santa Mónica, ubicado al sudeste de la ciudad. Que dichos terrenos se encuentran a nombre de SALCO SRL.-
Que el Loteo aludido no cumple con las normas establecidas por la ordenanza N° 13778 y  el mismo no posee habilitación municipal, ni siquiera planos aprobados por la dirección general Inmuebles, sin factibilidad de agua ni energía.
Que pese a lo irregular del loteo, el mismo se sigue ofreciendo en los distintos medios gráficos de la ciudad,  con la modalidad que el Sr. Isola ha procedido a vender el mismo lote a distintas personas lo que configura el delito de desbaratamiento de derechos acordados", dice así: "el que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento, en las condiciones pactadas de una obligación referente al mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo, o dañándolo, siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordados a otro por un precio o garantía" (art. 173, inc. 11º).
Ya que al vender el mismo lote a distintas personas, no solo el poseedor del lote siente la constante presión del Sr. Isola y sus allegados sino que expone a los particulares a situación de violencia creadas por la expectativas creadas por el mismo enajénate.
Este hecho configura el tipo contenido en el articulo 173, Inc 11°, pues no sólo se castiga a quien otorga a otra persona un derecho mejor del que originariamente otorgó, sino que también se sanciona a quien destruye las condiciones para que el derecho o la obligación puedan ser realizadas.
Cabe hacer mención que los boletos de compraventa son a nombre de Isola o Narz, quienes sin mencionar representación o autorización alguna venden los terrenos de SALCO SRL, quien resulta titular registral de los mencionados lotes. Asimismo resulta reprochable la actuación de la escribana que certifica las firmas incorporadas, pese a que su única obligación resulta a la autenticidad de las firmas, como profesional del derecho y funcionario público que tiene la obligación de ser imparcial y de evitar las contiendas judiciales, con su accionar, deleznable desde el punto vista objetivo de la ley, da apariencia de negocio jurídico a un papel carente de valor, ya que nunca podrá ser inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble.- 
 Que en medios periodísticos http://www.eltribuno.info/salta/M/244574-Vecinos-de-la-zona-sudeste-denuncian-estafa-con-un-loteo.note.aspx La propietaria se defendió Mónica Nazr, esposa de Arturo Isola, el hombre que vendió los terrenos del loteo Santa Mónica, aseguró a El Tribuno que se trata de una movida de mala fe encarada por un grupo de 15 familias que no quiere pagar las cuotas. “El contrato (firmado ante escribano público y sellado en Rentas) dice que después de la cuarta cuota sin abonar el lote vuelve al dueño, la empresa Salco SRL”, señaló la mujer. Agregó que “esta gente pagó tres o cuatro cuotas y no quiso pagar más y exigen que se les ponga luz y agua. Estos servicios sí se les está dando a los compradores que pagan al día”. Nazr indicó que está situación sigue por la vía judicial. Señaló que estas familias se cuelgan de los cables clandestinamente, rompieron calles para conectarse del agua e incluso la amenazaron de muerte. Aseguró que “el contrato no dice que yo tengo que poner los servicios, sin embargo la empresa (Salco) está colocando las redes de cloacas y agua. A los que pagan les estamos dando luz de un medidor comunitario”. La dueña señaló que siguió todos los pasos que manda la ley. 
En tanto, las prestatarias Aguas del Norte y EDESA les dijeron que no hay plano aprobado del loteo ni certificación hídrica.
Que conforme surge d la nota que antecede, ante el atraso en el pago de las cuotas a Isola, este procede a cortar el servicio de agua y de luz irrogándose la potestad de realizarlo, pese que de acuerdo a las ordenanzas y legislación aplicables a los loteos, el propio desarrollador el obligado a proveer en forma previa el acceso a los servicios, ya sea agua, luz, cloaca.
Que estos cortes se realizan a manera de extorsion a los infortunados moradores de los loteos ofrecidos por Isola, Salco SRL o  Narz, esposa de Isola.
Hay que aclarar que ningún particular puede ser dueño de los servicios de agua o energía, el mismo fue concesionado a las prestadoras y son ellas las únicas autorizadas para realizar los cortes o restricciones en el servicio bajo pena de inurrir en un ilícito penal.
Ahora bien los cortes de agua y energía los realiza el Sr. Isola y sus dependientes a manera de extorsión y al solo efecto de proceder al cobro de las mensualidades de los lotes.
Además, el vendedor de los terrenos les brinda electricidad de modo precario y el agua es captada desde un pozo de agua sin profundidad y que estaría contaminado y que procede a cortar en el caso de mora.
Que tal conducta se encuentra penada en el articulo Así el art. 194 del C.P. prescribe que: “ El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años “.
2.- Tipo objetivo - 
 Que atento al bien jurídico protegido, el legislador puso particular empeño en asegurar su cuidado, no ya tipificando su destrucción o violación, sino también el riesgo de que ello pudiera ocurrir, para lo cual recurrió a tipos penales denominados de peligro abstracto, que la ley considera como necesariamente derivados de ciertas situaciones, de ciertas acciones y sobre todo del empleo de ciertos medios, en los que se desentiende de toda comprobación referente a la efectiva existencia de lesiones o riesgos. Ahora bien, este aspecto se encuentra claramente definido en los verbos estorbar o entorpecer, mientras que la referencia normativa al impedimento de los mismos genera usualmente una concreta afectación al bien jurídico que repercutía en derechos básicos de los ciudadanos y que nada obsta reconocer, en estos casos, la creación de un tipo de los denominados de lesión.
 Mencionan a Creus y Donna, señalando que el primero entiende que se trata de un delito de resultado que admite tentativa y el segundo que es un delito instantáneo y material, por lo que admite tentativa. Por su parte entienden que el hecho de tratarse de un delito de peligro abstracto impide, por regla, el conato ya que de lo contrario, al peligro presunto por el legislador que correrá el bien jurídico y en el que se apoya la creación del tipo, habría que adicionarle las razones que fundamentan la tentativa, lo que no les parece razonable, pero para ser consecuentes con lo dicho más arriba, entienden que deben distinguir el verbo típico “ impedir” ( en tanto se ocasione un efectivo daño en el objeto de la acción), de los verbos “ estorbar” y “ entorpecer”, siendo que en estos dos últimos, no admitirá tentativa, en tanto que los comportamientos que procuren un impedimento del normal funcionamiento de los trasportes, puede aceptar tentativa, porque en esencia esos comportamientos, definen un delito de lesión, - aunque resulte trabajoso desde la perspectiva judicial abarcar casuísticamente su intensidad y extensión -, son fácilmente contrastables.
 Verbos utilizados en el Tipo Penal:
 a. “Impedir”, significa “ estorbar, imposibilitar la ejecución de algo” en tanto que “imposibilitar” significa “quitar la posibilidad de ejecutar o conseguir algo”, debe tenerse en cuenta que, muchas veces, el verbo “ impedir” tendrá un significado a “ interrumpir” que significa “ cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo”, razón por la cual – entienden los autores – debe descartarse la acepción de “estorbar” citada al comienzo.
 b.  “Entorpecer”, es “retardar, dificultar”.
 c.  “Estorbar”, tiene dos acepciones, la primera referida a “poner dificultad u obstáculo a la ejecución de algo” y la segunda es la de “molestar, incomodar”, entendiendo que es válida la segunda acepción del término.        
 A los transportes por tierra, se refiere a los servicios de trenes, como todo lo relativo a los vehículos automotores, es decir público y privados, que circulen por las vías, caminos, autopistas, rutas o calles, para el que están naturalmente dispuestos.
 Con respecto al transporte por agua o aire, no se detiene en su análisis manifestando que el tipo se refiere a la afectación de su normal desplazamiento.
 Que continúan manifestando que el art. 194 también prohíbe aquellas conductas que impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los servicios públicos de agua, de electricidad o de sustancias energéticas y que lo relativo a las comunicaciones serán tratado al evaluar el tipo del art. 197 conforme las reglas del concurso aparente)
 Que la inclusión de los servicios en el tipo se apoya en el reconocimiento de que algunos logros de elementos indispensables para la supervivencia humana –agua – forman parte de las necesidades elementales de las personas que viven en comunicad en el mundo actual y que el Estado democrático debe garantizar. Que el tipo habla de servicio público que puede entenderse como al ejercicio por parte del Estado de su potestad de sustraer del terreno libre mercado la satisfacción de determinada necesidad de naturaleza económica para someterla a un régimen de Derecho Público de control y regulación, para posibilitar su acceso a la generalidad de la población por entender que éste es imprescindible para cumplimentar debidamente la garantía del derecho humano fundamental, de rango constitucional, a gozar de un nivel de vida adecuado.
III. LA CALIFICACIÓN QUE CORRESPONDE DAR A LOS HECHOS PREDESCRIPTOS
Que en la actualidad los elementos como el teléfono o la electricidad resultan indispensables en todos los segmentos de la población y las familias de distintos recursos, empresas , trabajadores, hospitales no pueden funcionar normalmente sin el suministro adecuado de esos servicios, por lo cual resulta apropiado prohibir las conductas que ilegítimamente afecten los mismos mediante la creación de tipos de peligro abstracto, pues la presunción legal de los riesgos y daños se apoya en el reconocimiento de que algunos logros de la tecnología, incluidos aquellos puestos al servicio de la provisión de elementos indispensables para la supervivencia humana –agua – forman parte de las necesidades elementales de las personas que viven en comunidad en el mundo actual y que no requiere otra constatación que la aceptación de que la satisfacción de esas necesidades hacen a su dignidad y que el Estado democrático debe garantizar.

El Derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico se apoya en: arts. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, XIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 15 inc. b del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, ellos con jerarquía Constitucional.

Que los autores comienzan por ejemplificar supuestos de peligro indiscutibles ante la carencia de dichos servicios – para la vida de una persona por no poder efectuar un llamado para requerir auxilio policial o para la salud por falta de electricidad en un hospital o ante la falta de suministro eléctrico que perjudica económicamente a los comercios y a los ciudadanos -, y que en estos casos la presunción legal del peligro encuentra su apoyo en los propios datos de la realidad, lo que no impide que se aplique el criterio de Zaffaroni en cuanto a la efectiva acreditación del perjuicio.
 Que al igual que la electricidad, el agua, el gas etc., la simple experiencia social permite comprobar los múltiples perjuicios ocasionados, por un corte de agua y que es fácilmente imaginable la multiplicidad de personas perjudicadas por no poder realizar las actividades cotidianas como son el aseo -.
 IV.- DERECHO.
Salvo mejor criterio de V.S., evalúo que el marco fáctico y jurídico de mención se halla tipificado a la luz de lo normado por los arts. 173 inc. 11  y el art. 194 del C.P.
V.- SOLICITA PRUEBA
1.  Se oficie a a fin de que remita a efectu videndi copia de los expedientes 135-2759/13, 021963SG2011 y 135-2872-2013
4. Solicito se libre oficio  a la escribanía actuante, para que informe si participo en la confeccion del boleto de compraventa y enla certificación de firmas
VI.- ACOMPAÑA DOCUMENTAL
1. Adjunto , copia simple de los Expedientes 135-2759/13, 021963SG2011 y 135-2872-20132.
VII- SOLICITO MEDIDA CAUTELAR.
Que conforme lo narrado supra, y la documental adjuntada, se desprende que la conducta desplegada por el Sr. Isola, Salco SRL y sus dependientes que pone en riesgo la salud y las condiciones de vida de los moradores de los Loteos Santa Monica I, II, III solicito  CON CARACTER URGENTE,  se arbitren los medios para que se reponga el pleno goce y uso de servicio de agua corriente y de electricidad, como asi tambien la prohibicion de vender lotes y de realizar cortesw en el servicio y lo sea hasta se dilucide la titularidad registral de la matricula N° .75469
Se hallan acreditados el fumus bonis iuris, el periculum in mora y la proporcionalidad de la medida, téngase en cuenta respecto de esto último que se encuentra en peligro la provision de agua y energía de los vecinos y ante la proximidad del la época estival, cualquier corte realizado por el vededor pone en peligro la salud ya sea por la falta de agua o por energía que impide el funcionamiento de heladeras para conservar las mercaderías.
VII.- PETITORIO.
Por todo lo expuesto solicito:
1-    Se tenga por interpuesta formal denuncia.
2-    Se tenga por presentada la documentación acompañada.
3-    Se arbitren los medios necesarios para la sustanciación de la presente denuncia.
4-  Se haga lugar a la medida cautelar solicitada

5-  Se dé inicio a la Investigación Penal Preparatoria pertinente.

Nacion incumple la ley de cupo de discapacitados


Gladys Yolanda Lopez presentó un amparo contra estado nacional, en reclamo de que cumplan con la legislación que impone que un mínimo de cargos públicos debe estar ocupado por personas con capacidades diferentes.

Gladys es no vidente, tiene el secundario completo e hizo varios cursos de informática, realizo cursos de asistente juridico dictado por el ministerio de trabajo y empleo y seguridad social. Busca ingresar a la administración pública invocando el cupo por discapacidad, atento a que la ley vigente supuestamente lo protege, pero nunca obtuvo una respuesta favorable a sus reclamos.

Esa referencia apunta a la ley nacional N° 25.689 modificatoria de la Ley N°22.431, que en su artículo 8 establece que un cupo mínimo (el cuatro por ciento) del empleo público está reservado para discapacitados. En Salta, pese a que la ley se encuentra vigente, no la estarían cumpliendo en ese punto.

Galdys explico que la decisión de judicializar el reclamo sobrevino después de deambular meses por las instancias administrativas correspondientes. Tampoco descartó que el amparo derive en una denuncia de orden penal.

“El porcentaje que se determina en el artículo 8 de la ley es de cumplimiento obligatorio. Fija que el Estado está obligado a ocupar a personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para un cargo”, por eso acudio a la defensoria del pueblo de la ciudad para encontrar respuesta a su derecho.

Previo a presentar el amparo, el demandante dijo haber realizado consultas en los distintos organismos nacionales, pero aclaró que además de no haber recibido una respuesta en tiempo y forma, la devolucion fue que se cumple en otras provincias.
Nación estaría violando 4.10. El artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional torna explícito el derecho de los discapacitados a obtener trabajo al incluir dentro de las atribuciones del Congreso Nacional la de: “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”
 La ley nacional nº 25.280 adhiere a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
La ley nacional nº 22.431 de Protección Integral para los Discapacitados, sancionada en 1981, expresa en su artículo 8º que “el Estado nacional...está obligado a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas.”
La defensoria del Pueblo constato que en distintos organismos y empresas estatales se produjeron ingresos de personal sin respetar las leyes que amparan a los discapacitados, como ejemplo Aerolineas Argentinas desde su estatizacion incorporo trabajadores de la agrupación la campora pese a que existen pedidos de discapacitados para cumplir funciones en dicha empresa, no fueron llamados ni se entrevisto a ninguno.
texto del amparo disponible en la defensoria del pueblo, como todas las presentacion realizadas