lunes, 29 de abril de 2013

Ulloa se reunió con la Corte Interamericana de Derechos Humanos


El defensor del Pueblo de la Ciudad con el Dr. Humberto Sierra Miembro de la corte Interamericana de DDHH 
Los Defensores del Pueblo de 14 países de Iberoamérica se reunieron en Lima para analizar los Derechos de los pueblos indígenas.

La cita de la Federación Iberoamericana del Ombudsman será inaugurada por la vicepresidenta de Perú, Marisol Espinoza; el presidente de la organización, Anselmo Sella, y el Defensor del Pueblo de Perú, Eduardo Vega.

En el encuentro participaron representantes de Ecuador, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Panamá, Brasil, México, Argentina y Venezuela, así como el Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya y defensor del pueblo de la Ciudad de salta Alvaro Ulloa.-

El derecho de los pueblos indígenas a ser tomados en cuenta sobre decisiones que afecten sus territorios, será tema central de la reunión de la Federación Iberoamericana de Ombudsman a realizarse esta semana en Perú.

El defensor del Pueblo (Ombdusman) de Perú, Eduardo Vega, indicó que a la cita asistieron 14 de sus colegas de Iberoamérica, para intercambiar ideas sobre la consulta previa a los nativos sobre proyectos en sus tierras.

La reunión se desarrollo los días viernes y sábado, recibió exposiciones sobre la aplicación del derecho a la consulta previa en diversos países.

Vega señaló que en el caso de Perú una Ley de Consulta Previa permitirá viabilizar los derechos de los pueblos indígenas a la identidad étnica y cultural.

Mencionó la discusión entre quienes plantean priorizar los intereses del desarrollo y quienes exigen que los pueblos originarios decidan y tengan derecho a veto sobre la explotación de recursos naturales y otros proyectos en sus territorios.

"Creo que en el medio hay una posición sensata y razonable que intenta rescatar el origen y la razón de ser de la consulta previa, que es establecer un diálogo intercultural, porque el Estado no ha estado acostumbrado a recoger la opinión de los pueblos indígenas", aseveró.

Vega planteó que la consulta debe comenzar con información sobre las características que tendrán los proyectos de inversión, dado que muchos conflictos sociambientales surgen por temor a supuestas amenazas al medioambiente.

El presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), Anselmo Sella, dijo que los ombdusman o defensores del Pueblo han pasado de tener un rol frente a la actividad administrativa y la arbitrariedad del Estado, a ocuparse también de la defensa de los derechos humanos.
Asimismo destaco la labor del Defensor Salteño en el reconocimiento de los derechos de los aborigenes en Salta, motivo por que fuera invitado por la defensoria del Pueblo de la Nacion a Peru.-

Documento Firmado 

viernes, 12 de abril de 2013

Los entes reguladores: controladores sin control


Los entes reguladores de las empresas de servicios públicos fueron creados como complemento de las privatizaciones, en la década del ’90. Estos organismos dependientes del Estado tienen una misión específica, que es controlar el desempeño de las empresas concesionarias de los servicios. Con ese propósito fueron creadas la Comisión Nacional de Comunicaciones (telecomunicaciones), el ENRE (electricidad), el Enargas (gas) y en Salta el ENTE  (agua y energia).
Además de monitorear el servicio de las licenciatarias, los entes de control deben verificar el cumplimiento de las inversiones, tal como hayan sido comprometidas. En resumen, es desde éstos organismos del Estado donde se le debe garantizar a los usuarios la calidad del servicio, a los precios previamente pactados.

Al menos, en teoría. A casi dos décadas de su creación, la actuación de los organismos de control dista mucho aquel objetivo original.

SIN CONCURSO
El primer problema que presentan estos organismos de control es que no tienen una representatividad genuina, señalan a coro las entidades de usuarios.
Ocurre que sus directores, lejos de ser designados por concurso público y antecedentes -como indica la ley- han sido elegidos a dedo, por la vía del decreto del Poder Ejecutivo. “Esta es una carencia fundamental. Significa que desde el vamos ya tenemos un problema”, apunta Pedro Bussetti, titular de DEUCO, una de las entidades de usuarios que participa en los organismos.
Tanto la ley 24.065, por la cual se creó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), como la ley 24.076 que creó el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) establecen la modalidad del concurso público para sus directivos. “Eso no se cumple”, aseguró Bussetti.

Un ejemplo de la intromisión del poder político en los entes reguladores, se vio claramente en diciembre del año pasado, cuando la sobredemanda de electricidad produjo prolongados cortes de energía en varios puntos de la ciudad. Quien salió a hablar de la posiblidad de rescindir el contrato a la empresa prestadora del servicio y de las posibles multas a aplicar, fue el ministro de Planificación Julio De Vido, cuando, en realidad, debería haber sido el ente regulador.


CONTROL TARDÍO
Otro problema grave que presentan los entes reguladores es que los contratos establecieron que el control sobre el accionar de las privatizadas debían ser hechos sobre los resultados, de modo que las compañías deben rendir cuentas mientras dura el proceso de las inversiones.
“En otros países del mundo que tuvieron procesos similares de privatizaciones, se crearon primero, entes reguladores fuertes y luego se concretaron las privatizaciones”, explicó Héctor Polino, ex diputado y representante legal de la asociación Consumidores Libres.
Ese mecanismo de control tardío no sólo impide una verificación más cercana del cumplimiento de las inversiones. Además, si una distribuidora equis propusiera un plan de acción, el ente regulador no tiene potestad para analizarlo antes de que sea instrumentado, de modo de prevenir problemas para los usuarios.
Un ejemplo son los apagones de diciembre del año pasado, que dejaron a oscuras a miles de hogares durante los enero y febrero del corriente año “Eso no habría ocurrido si el ENTE hubiese controlado la realización de los trabajos de mantenimiento necesarios”. En febrero del 2013, hubo una serie de tormentas que también afectaron el servicio de luz y agua en la Ciudad.

LA TERCERIZACION DE LA DEFENSA
Cuando se producen los daños económicos para los usuarios, ya sea por cortes de electricidad o rotura de electrodomésticos, no es la presión de los entes reguladores la que la que finalmente consiguen algún tipo de resarcimiento para los damnificados, a pesar de que debería ser una acción básica de este tipo de organismos que cuentan con grandes estructuras y presupuesto asignado por el Congreso.
La defensa efectiva suele caer en cabeza de las entidades defensoras de los derechos de los usuarios, que son ONG’s, pero con una batería de recursos, tanto de infraestructura como de personal, infinitamente inferior a la de los entes reguladores.
De hecho, son una suerte de convidados de piedra en la toma de decisiones sobre la calidad de los servicios: la participación de los defensores de los usuarios en los directorios es solo “consultiva”. Es decir, no toman ningún tipo de decisión.
 extracto  Por Soledad Villarino
UN CASO EMBLEMÁTICO
La Sra. Lopez Matilde se encuentra en una contienda judicial con las resoluciones del Ente Regulador que no hicieron lugar a un pedido de revisión de consumo que en tres meses le facturaron mas del 1500% para luego normalizarse sin explicación alguna.
Que pese a que se encuentra litigando y la resolución que le fija los cargos a pagar no ha quedado firme, ya que no existe sentencia, Aguas del Norte todos los meses procede a restringir el servicio, clara vejación de derechos y medida de para que el usuario pague y vea frustrado su derecho a reclamar.
también hay que destacar que la justicia (contencioso Administrativo) tampoco contribuye a que la parte mas débil pueda ejercer su derecho ya que la existencia de un solo juzgado parece que ha estrechado los lazos de los que asisten mas asiduamente a ese tribunal, llámese Pcia de Salta, Municipalidad, Ente regulador etc.




miércoles, 10 de abril de 2013

Solicitan al Estado Nacional garantice el derecho humano a la salud


              


En el marco de la acción de amparo colectivo presentada ante el juzgado federal N°1 Expte N° 1 70/13 en contra del estado Nacional, Obra social de los Bancarios y Superintendencia de seguros de la Nación se solicita que el estado garantice el derecho humano fundamental de la salud tomando a su cargo la prestación de un servicios de salud de calidad y conforme los tratados internacionales firmados, ya sea trasfiriendo los afiliados de OSBA a otro prestador o tomándolo a su cargo por medio de PAMI.-
Una vez mas la inacción de los organismos de control en este caso Superintendencia de Seguros de la Nación permitió que afiliados de Salta carezcan de cobertura de salud.-

Fundamentos principales 

 La salud, conforme el sentido que le atribuye la Organización Mundial de la Salud, tiene un extenso alcance, y comprende el completo bienestar físico, mental y social, superando a aquél limitado que lo reduce a la mera ausencia de enfermedades. En su preámbulo  afirma que "'el beneficio de gozar de elevados niveles de salud es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano', sin distinción de raza, religión, credo político, condición social o económica...". Ese bienestar -de amplio espectro- reconoce un derecho cuya finalidad es garantizarlo,  de naturaleza fundamental en razón del respeto y promoción de la persona humana cuya realización implica.
 Esta filosofía  fue plasmada en las modernas democracias constitucionales, razón por la cual en un estado social y democrático de derecho, se ha cimentado: un principio moral, la consideración de que 'la salud es un valor en sí, perseguible y alcanzable en función del crecimiento humano, tomando protagonismo  un objeto jurídico- político: 'el derecho a la salud"
Nuestra  Constitución Nacional carece de una regulación sistemática sobre el tema, su reconocimiento y protección  se materializa en el art 41 con referencia al “derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano". El art. 42 que menciona el derecho de consumidores y usuarios expresando la "protección de su salud", como así también las disposiciones del art. 75 que en su inc. 19  refiere a políticas conducentes al "desarrollo humano", en el inc. 23: "medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de trato y pleno goce de ejercicios reconocidos..." tanto por la Constitución como por tratados internacionales sobre derechos humanos, derechos de los niños, mujeres y ancianos con discapacidad, norma que se complementa con las previsiones del último párrafo del mismo art. 75 inc. 23 en cuanto prevé un régimen de seguridad social  integral tanto del niño como de la mujer embarazada, y de ésta última durante el embarazo y tiempo de lactancia, protección que claramente incluye por cierto el derecho a la atención y preservación de la vida y la de la salud.
La salud como valor y derecho humano fundamental encuentra reconocimiento y protección en diversos instrumentos comunitarios e internacionales en materia de Derechos Humanos, que  gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo preceptuado en el art. 75 inc. 22, ellos son: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. VII y XI; Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, arts. 3, 8 y 25; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales art. 12 numeral 1 y numeral 2 ap. d); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 24 numeral 1; Convención Americana de Derechos Humanos, art. 4 numeral 1 , 5º numeral 1, 19 y 26; Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3, numeral 1, arts. 6, 23, 24 y 26.
La falta de atención de la OSBA, ya sea en falta o demora de autorizaciónes en las practicas, la falta de reintegros por prestaciones cubiertas por los propios afiliados, la realización de tramites inoficiosos y la mala atención  producen como resultado que el goce pleno de este derecho no sea alcanzado por todos ni de la misma forma, ni en similares condiciones.
Al Estado le cabe un rol fundamental en la efectivización del derecho a la salud en nuestro sistema jurídico, es por ello que nuestra Constitución debe garantizar la promoción, protección y rehabilitación del bienestar bio-psico-social  de todos los entrerrianos. No podemos conformarnos con expresiones de  deseo, las políticas sanitarias   y de  incorporación de tecnología e investigación serán las herramientas para el pleno goce de este derecho. La creciente privatización del sector de salud y su organización bajo las modalidades de  empresas comerciales hacen necesaria la garantía del acceso igualitario de todos los habitantes de la provincia.
El sistema de salud se basa en principios y valores respetuosos de la dignidad humana haciendo énfasis en el efectivo ejercicio del derecho constitucionalmente reconocido por nuestra ley fundamental.
 En efecto, a partir de la reforma constitucional de 1994, el derecho a la salud ha sido incorporado como una garantía constitucional implícita. El artículo 75 inc. 22 de la CN –que confirió jerarquía constitucional a numerosos documentos internacionales en materia de derechos humanos- vino a introducir de manera explícita –vía, por ejemplo, el art. 12, punto 2, item c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley Nº 23.313) - la obligación estatal de adoptar las medidas necesarias para “la prevención y el tratamiento de enfermedades …… y la lucha contra ellas”.
    Al decir de Gil Domínguez "…el orden socioeconómico que emerge de la Constitución Nacional o de los instrumentos internacionales, no es un mero parámetro orientativo sin fuerza obligatoria. Tiene fuerza normativa en su integridad, dentro de los que necesariamente han de moverse los poderes constituidos, al adoptar las medidas que incidan sobre el sistema económico…".
    Todos estos instrumentos internacionales, en líneas generales, nos hablan del derecho que tiene toda persona al disfrute del más alto nivel de vida, de salud, de bienestar, como así también de la obligación que pese sobre los Estados partes, de satisfacer las necesidades asistenciales y terapéuticas requeridas por sus habitantes para de esta manera garantizar plenamente el goce de los mencionados derechos.
        Siendo esta una obligación del estado y ante la falta de controles por parte de los organismos de control que permitieron a la Obra Social Osba, pese a las denuncias realizadas por los particulares y esta institución, la realización de prácticas reñidas con la constitución y alterar su deber fundamental que es el de prestar servicios de salud.
        Es por ello solicito a VS que el estado garantice el derecho humano fundamental de la salud tomando a su cargo la prestación de un servicios de salud de calidad y conforme los tratados internacionales firmados, ya sea trasfiriendo los afiliados de OSBA a otro prestador o tomándolo a su cargo por medio de PAMI.-

El defensor del Pueblo se reunió con vecinos de calle los amnazanos

A raíz del anuncio de la obra sobre calle los Membrillos vecinos se entrevistaron con el defensor del pueblo para acercar inquietudes sobre la obra a realizarse.



Violencia de genero, Charla en la escuela Normal

En continuación con las charlas de violencia de genero y el programa por los derechos de las mujeres de la Defensoria del Pueblo.
Se dicto una charla debate con alumnos de la Escuela Normal. la charla se realiza con personas que le interesan que los derechos humanos se difundan y que abarcan todos los aspectos de la vida y que consideran que la igualdad de géneros solo puede traer progreso.