miércoles, 29 de agosto de 2012

Energeticas con ganancias tope y escaso riesgo

Tal como lo planteo el defesnor del pueblo el diario BAE publica hoy en su portada http://www.diariobae.com/diario/2012/08/29/16843-privatizadas-y-energeticas-con-ganancias-tope-pero-escaso-riesgo.html
En un impreciso pero próximo futuro, el que quiera calefaccionar su pileta de natación tendrá que pagar mucho más por el gas que demandará para ello. Y cualquier empresa que invierta en un área estratégica como la energía o los servicios públicos debe saber que podrá lucrar hasta donde se lo permita un poder regulador pero con casi nulo riesgo de tener pérdida.
Segmentación de tarifas y ecuaciones con rentabilidad vigilada, pero, a su vez, garantizada.
Ambos son rasgos de un nuevo modelo de regulación y gestión de empresas privatizadas o de la energía que empezó a esbozarse con las últimas medidas oficiales, y que aún no terminó de alumbrar. Faltan algunas precisiones de cómo se aplicará exactamente esta fórmula bosquejada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof y el ministro de Planificación, Julio De Vido, pero sus perfiles surgen nítidos.
El Norte de la política oficial está lejos de ser el de la estatización masiva, fantasma con el que azuzan todo el tiempo los detractores de la política oficial, empeñados en emparentar a Cristina Fernández de Kirchner con Hugo Chávez.
Argentina carece de los petrodólares que le permiten al presidente de Venezuela comprar empresas privadas para reforzar el patrimonio público. Y la administración kirchnerista sólo rescata privatizadas cuando el adjudicatario hace todo lo posible para irse, violando flagrantemente obligaciones contractuales, o cuando esos incumplimientos ponen en jaque algo tan relevante como la línea de bandera o el nivel de producción de hidrocarburos.
Por lo demás, podría decirse que la actual administración en algún punto hasta reinvindica la gestión privada, aunque bajo el principio de mayor control. Esto incluye la existencia de un cuerpo de funcionarios encargados de desmenuzar estructuras de costos, primero, para decirle a cada empresa cuánto ganar después. La mala noticia para ellas es que tendrán un techo teórico sobre su renta. La óptima es que se pulveriza el riesgo.
Ésta es la pauta que inspiró el decreto 1.277 de regulación del sector de hidrocarburos y es la filosofía que enmarca los últimos anuncios formulados informalmente a las empresas eléctricas, que estarán bajo el paraguas del cost plus.
En aquel caso, el Estado comenzará a fijar con el amparo de una norma los precios del petróleo y las naftas que hasta ahora regulaba de facto por vías diversas: retenciones o pactos de caballeros para controlar los combustibles, por cita algunas. En el caso de las eléctricas ya no se premiará la presunta eficiencia de las distribuidoras, como aspiraba el modelo privatizador estrenado hace veinte años, sino que, bajo un sistema de tarifas fijadas por regiones, los reguladores públicos contemplarán que las firmas en cuestión cubran sus gastos y obtengan una “rentabilidad razonable”.
Este concepto no es nuevo pero sigue siendo impreciso. En la ley 24.065, que creó el marco regulatorio del sector eléctrico, también se lo mencionaba. Sin embargo, no hay un parámetro fijo en la legislación local que permita saber hasta cuándo es razonable ganar.
Esta definición promete ser una jugada clave para ésta o cualquier otra administración.
Segba, la antecesora de Edenor y Edesur, tenía habilitada una ganancia teórica del 8% sobre sus costos, aunque todavía es un misterio qué ocurría con la caja de la empresa pública, a veces comprometida a otros fines ajenos a su objeto de explotación. De acuerdo con los datos de Flacso, a sus sucesores no les fue mejor. Por el contrario, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales detalla que, a mediados de la década pasada, aquellas privatizadas tenían una utilidad media del 5% anual, margen menor al de la firma estatal, y superior al que reconocen esas compañías.
En cualquier caso, sea cual fuere la renta que vaya a ser consentida, el esquema que el viceministro Kicillof se dispone a poner en marcha supone que el Estado le autorizará a todas las firmas del rubro cierto nivel tarifario que, de resultar insuficiente para cubrir costos y el margen de ganancias admitido, tendrá el complemento de un subsidio.
O se recauda genuinamente o se tiene una subvención.
Para luz, gas o transporte los cuadros tarifarios se reordenarán sobre la base de la idea de distinguir entre categorías de usuarios, de modo tal que paguen más caro los que más pueden. Hay varios antecedentes de medidas que apuntan en este sentido y una indiscutible necesidad: el fisco debe ir desligándose paulatinamente de la carga de subsidiar estos consumos, transfiriendo ese peso sobre los clientes.
Aquí otro axioma del modelo en ciernes: cada uno debe pagar por lo que consume un valor lo más cercano posible al costo.
Y uno más: las empresas privadas que operan en áreas estratégicas son básicamente gerenciadoras. Prestan un servicio y eso les da derecho a una cierta remuneración cubierta con recaudación tarifaria o con subsidio. Un sistema muy parecido al que rige las concesiones de trenes urbanos, en las que el Estado, además, es el único que invierte. O la de los peajes, donde los concesionarios apenas hacen el mantenimiento básico.
Ningún cambio revolucionario. Sí una vuelta de tuerca sobre el diagrama que germinó con las privatizaciones menemistas para reforzar el papel del Estado que será, a la vez, tutor y verdugo.
 

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