jueves, 3 de mayo de 2012

Cuestionan la legalidad de los montos de las multas


Desde que la defensoria del Pueblo desnudo la ilegalidad en los montos aplicados en las multas de falta de RTO por no ser fijados por ordenanza o la ley de transito. Se esta trabajando para que las multas aplicadas no sea con fines recaudatorios sino efectivamente un control de transito tendeniente a mejorar las condiciones de del transito.
Desde ya el minimo de la multa por falta de RTO es de 50 a 6000 UF unidades de falta (litros de nafta especial no premium) y no el minimo de 300 que por decision del los jueces de falta estan aplicando.
solicito al los que hubieran sido condenandos a montos superiores se lleguen a la defensoria del pueblo a los fines de proceder a la correcion de la falta.-
Con tal fin se requirieron informes a Agencia Provincial de Seguridad Vial, solicitando  “1) Si se han implementado o se implementarán sistemas de control de tránsito automatizados sobre rutas provinciales y/o nacionales que atraviesan el territorio provincial 2) En su caso, que Municipios y Comunas han quedado o quedarán comprendidos en las habilitaciones; períodos y condiciones 3) Que tipo de homologación y autorización tendrán dichos sistemas de control de tránsito 4) Si estos controles tienen previsto la presencia y actuación de funcionario público en el lugar de la constatación de las infracciones, tal como lo exige la normativa nacional y provincial vigente (ley 24.449, resolución Nº 366/06 de la Subsecretaría de Transportes) 4) Se remita copia de los convenios firmados.-
Con este fin los controles den tro de la legislacion vigente deberian en caso de violacion a la norma se deberia proceder a la detencion del vehiculo y labrar el acta. ya que la sola intalacion del cinemografo no produce el cese de la falta sino solo la deteccion continuando el peligro en el transito 
Asimismo en nota periodistica el defesnor adjunto asevero "los radares, la tecnología tienen que servir para modificar la conducta y prevenir" y en este sentido, consideró que "el Estado tiene la obligación de ser claro en la aplicación de este tipo de políticas, para que no sean tomadas como recaudatorias".

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