lunes, 19 de junio de 2017

Documento Pensiones Discapacidad




Pensiones por discapacidad, reunión con Ministerio




Los Defensores recibieron a las autoridades de Desarrollo Social.
Ante las miles de consultas recibidas en todo el país, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) celebró un encuentro con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, para avanzar en la rehabilitación de las pensiones suspendidas.

El encuentro fue encabezado por el Defensor del Pueblo de la Ciudad y presidente de ADRPA, Alejandro Amor, quién recibió a la Jefa de Gabinete de esa cartera, Alejandra Cedrola, y al titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.

Estuvieron presentes los Defensores Adjuntos de la Ciudad, María América González y Arturo Pozzali; la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández;  el Defensor del Pueblo de Pilar, Juan Manuel Travatelli; la Defensora del Pueblo de Avellaneda, María Laura Garibaldi; el Defensor del Pueblo de Lanús, Alejandro Gorrini; la Defensora del Pueblo de la Matanza, Silvia Caprino; la Defensora del Pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate; el Defensor del Pueblo de Salta, Nicolás Zenteno; el Defensor Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello; el Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay; la Defensora del Pueblo de La Plata, Florencia Barcia; el Defensor del Pueblo de Villa Nueva, Nicolás Morcila; la Defensora del Pueblo de Villa María, Alicia Peresutti; el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier De Bedia; y el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto.

Además la reunión contó con la participación de la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que padece esquizofrenia y su Familia (APEF); la Asociación Argentina de Padres Autistas (APADEA); la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI); la Asociación Senderos del Sembrador; TGD Padres TEA; la Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC); el Departamento de Discapacidad de Racing Club; la Asociación Civil Soles de Buenos Aires; la Asociación Milagros Ayelén; la Asociación Civil de Profesionales para la Equidad (ASPPE); y la Comisión de Discapacidad de AABA.

En su carácter de presidente de ADRPA, Alejandro Amor anunció que acordó con la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la conformación de una mesa de trabajo con la participación de las Defensorías del Pueblo del país y asociaciones de defensa de los derechos de las personas discapacitadas, para avanzar en la revisión de todos los casos afectados para “que no quede nadie sin el beneficio”.

Paralelamente se trabajará en la detección de irregularidades en la asignación de pensiones. En estos casos, Amor adelantó que se recurrirá a la Justicia, ya que “quién percibe una pensión que no le corresponde, lo hace en detrimento del Estado y de a quién sí le corresponde”.

“La conformación de la mesa es un paso adelante, una forma de institucionalizar el trabajo. Este es un escenario ante el cual los Defensores tomamos la responsabilidad de solucionar el problema, tal como lo hicimos con el caso de la tarifa social. En conjunto con el Estado y las asociaciones tenemos que llevarle la solución a las personas”, concluyó el Defensor.

Por su parte, Badino aseguró que la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales no reducirá su presupuesto y que “estamos trabajando para atender cada caso. Si nos equivocamos, lo corregiremos”.

Además Cedrola comunicó que las únicas pensiones que fueron suspendidas son aquellas vinculadas a la adquisición de un empleo en blanco por parte del beneficiario y en casos de fallecimiento o renuncia al beneficio. “Todas las demás pensiones serán depositadas la semana próxima de forma retroactiva”, afirmó la funcionaria.

Los Defensores del Pueblo nucleados en ADRPA entregaron a los funcionarios un documento en el cual se reafirmó la necesidad de realizar un análisis caso por caso, de forma interdisciplinaria, para determinar quiénes están en condiciones de percibir el beneficio.

Asimismo se resaltó la importancia de respetar el debido proceso administrativo ante ceses o suspensiones.

Por último se recomendó la derogación del Decreto 432/97, y la redacción de una nueva normativa con criterios más inclusivos, y que reconozca a las personas con alguna discapacidad como plenos sujetos de derecho.

miércoles, 14 de junio de 2017

Ley de etiquetado de alimentos, Sumate para que sea ley

En Argentina  1 de cada 11 muertes son atribuibles al exceso de peso , de este estudio se desprende que en nuestro país muere una persona cada hora a causa de obesidad.
Además, en nuestro país la mitad de los niños y niñas que cursan primero básico presentan exceso de peso. 
El dato se desprende de una reciente investigación realizada por FIC Argentina y UNICEF. El estudio refleja que el sobrepeso y la obesidad afectan principalmente a los niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables, situación que implica graves consecuencias no sólo para su salud física y desarrollo psicosocial sino también para la salud pública de nuestro país. https://www.unicef.org/argentina/spanish/media_33063.htm
EL estudio tambien alcanza la deficiencias nutricionales de los comedores escolares y acciones tendientes a fortalecer la nutrición de los niños.-
 
La evidencia nos ha demostrado que el enfoque de las políticas públicas para enfrentar este problema debe tener como propósito establecer medidas preventivas, cambiando el entorno en que el individuo se desarrolla para ayudarle a tener un estilo de vida más saludable.
Por esta razón impulsamos una  la Ley de Alimentos que tiene por objetivo principal proteger la salud de los Argentinos, en especial de los niños y niñas, incorporando un marco regulatorio que permite:
1.- Entregar información más clara y comprensible al consumidor por medio del sello de advertencia “ALTO EN”, que indica que ese alimento está adicionado sodio, grasas saturadas o azúcares, y que supera los límites establecidos por el MINISTERIO DE SALUD para esos nutrientes o calorías. Estos nutrientes consumidos en exceso pueden generar daños a nuestra salud.
2.- Asegurar una oferta saludable de alimentos al interior de los establecimientos educacionales de prebásica, básica y media, por medio de la prohibición de la venta, promoción y entrega gratuita de aquellos alimentos cuya composición nutricional supera los límites establecidos por el MINISTERIO DE SALUD.
3.- Proteger a los menores de catorce años de la sobreexposición a la publicidad, prohibiendo la publicidad de los alimentos que superan los límites establecidos por el MINISTERIO DE SALUD.
 
Necesitamos que te sumes para que este proyecto sea una iniciativa pública y nuestros representantes lo discutan 

El Defensor del Pueblo de la Nación exhortó a la Comisión Nacional de Pensiones el cese de las suspensiones de todos los beneficios y su restablecimiento

El Defensor del Pueblo de la Nación exhortó a la Comisión Nacional de Pensiones el cese de las suspensiones de todos los beneficios y su restablecimiento

A partir de las quejas recibidos de todo el país, las que cuestionan la arbitraria e intempestiva suspensión de sus beneficios de pensión no contributiva por parte de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, se investigó sobre el tema para, en su caso, proteger los derechos vulnerados.
De esa investigación surgió con claridad la manifiesta situación de vulnerabilidad de los reclamantes, la uniformidad en el modo de disponer las suspensiones, y en todos los casos, la angustia por la que atraviesan los denunciantes.
Entre las características comunes de las denuncias se resalta la falta de notificación o intimación previa a la suspensión. Muchos damnificados alegaron en sus presentaciones que tomaron conocimiento de la cesación de su beneficio en la entidad bancaria al momento del cobro. Este hecho, habría significado un agravante para los damnificados en tanto no tuvieron la posibilidad de prever la falta de ese ingreso, colocándolos en un grave estado de desamparo, y no permitiendo el ejercicio de los recursos administrativos por el ocultamiento de los fundamentos.
También indicaron su desconocimiento respecto a la continuidad del programa Incluir Salud (ex-Profe), y coincidieron en que los montos cobrados en concepto de pensión representan su principal medio de subsistencia. 
Al respecto, la Defensoría exigió a la CNPA informe: cantidad de pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en el primer trimestre del año; razones a las que obedecieron las suspensiones; si fueron notificadas; los requisitos para probar las separaciones de hecho; los efectos de las suspensiones respecto a la cobertura médica de los pensionados; y si desde esa Comisión se elevó informe alguno proponiendo la eliminación de las restricciones que establece la normativa actual de las PNC.
En respuesta, la Comisión precisó que el número de suspensiones de PNC por invalidez ascendió a veintidós mil seiscientos veintidós (22.622), desagregado en 4.701 en enero, 10.924 en febrero y 6.997 en marzo. En cuanto a los motivos, indicó que las mismas se dieron en el marco de los procesos mensuales de Control Prestacional, a partir del cruce de datos con las bases del Sintys y de ANSES.
Entendiendo a la seguridad social como derecho social, existe una obligación de progresividad que implica que el Estado debe mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos y sociales con el transcurso del tiempo, de la manera más rápida y efectiva posible. De esta obligación surge otra, la obligación de no regresividad, que implica la prohibición de adoptar políticas y normas jurídicas que empeoren la situación de los derechos económicos y sociales de los que goza la población.
La Defensoría del Pueblo, en orden al riesgo que corre la subsistencia y debido amparo de este colectivo altamente vulnerable; a la afectación de la dignidad particular de cada una que lo componen; al hecho que la seguridad social cumple un rol fundamental en una democracia y la cohesión social que esta exige; y que esta política de suspensiones importan un incumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) a los que se obligó el Estado Nacional, en particular del 1 (Fin de la Pobreza), 2 (Hambre Cero), 3 (Salud y Bienestar), 10 (Reducción de las Desigualdades) y 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), o sea, al menos, un incumplimiento de cinco de los 17 ODS; dispuso exhortar a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales a que:
1.- Restablezca de forma inmediata todas las pensiones suspendidas considerando que éstas se habrían llevado a cabo sin un acto administrativo que las avale y que considere una reforma normativa a fin de modificar los criterios que actualmente dejan sin protección a un gran número de personas que tienen derecho a esta clase de protección social.  
2.- Cese de suspensiones con motivo de falta de acreditación de incapacidad reglamentaria, en el caso puntual de las Pensiones no Contributivas por Invalidez hasta tanto no se obtenga un nuevo Certificado Médico Oficial y/o una nueva auditoría médica.
3.- Establezca una política pública y/o eleve al Honorable Congreso de la Nación una reforma normativa, para modificar los criterios de adjudicación de Pensiones no Contributivas, a efectos de lograr una política más eficiente e inclusiva hacia el colectivo que debe proteger.
fuente Defensoria del Pueblo  Nacion

lunes, 12 de junio de 2017

ESPERA EN BANCOS; PROYECTO DEFENSORIA

Proyecto de Ordenanza:
Sistema de protección de los Derechos de Usuarios para  garantizar un mejor servicio de atención al cliente (tiempo de espera en caja y otros).
VISTO, la actuación 236/08,  promovida de oficio por esta Defensoría del Pueblo, s/ “Demoras en la atención a Jubilados en bancos y,                                                  
CONSIDERANDO
Que a partir de un reclamo promovido por un particular,  personal de la Institución procedió a la apertura de la Actuación Nº 97/08, constituyéndose  en el lugar de los hechos, donde se comprobó la existencia de colas en la zona de cajas,  las cuales se extendían fuera del Banco y se continuaban sobre toda la cuadra del Centro de Pago, conforme surge del acta labrada a tal efecto y de las muestra fotográficas realizadas en dicha ocasión.                             
Que situaciones como las descritas son recurrentes, por lo que han sido  motivo de anteriores  intervenciones de nuestra Institución, tal es el caso de la Actuación de Oficio Nº 121/08, donde la entidad bancaria denunciada fue la sucursal del Banco de Nación  ubicada en nuestra ciudad.                            
Que habiendo transcurrido un año de aquella intervención de Oficio,  se observa que la situación no se ha  revertido, y que la franja poblacional afectada por situaciones como la descripta precedentemente, constituye el sector de mayor vulnerabilidad de la sociedad, toda vez que está comprendido por jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, planes sociales y fondos de desempleo.                                                   
Que a partir de lo dicho,  nuestra Institución considera oportuno elevar un proyecto de ordenanza que contemple y prevenga situaciones como las descriptas, que a todas luces importan una flagrante violación al deber brindarle al usuario un trato digno y equitativo, como asimismo el deber de suministrarle toda la información adecuada,  conforme surge del Art. 42 de la Constitución Nacional y del Art. 4 y 8 bis de la Ley de Defensa al Consumidor.                                                        
Que el presente proyecto pretende complementar  aspectos de aquella normativa, de modo de hacerla aplicable para beneficio de usuarios y consumidores, puesto que entendemos que es preciso crear disposiciones especiales,  a partir de  las exigencias de la realidad que hemos constatado.                              
Que la ordenanza que se propone  reúne los requisitos de practicidad, razonabilidad y eficacia,  que la hacen perfectamente aplicable a las relaciones entre prestadores y usuarios de servicios, en concordancia con las normativa vigente.                               
Que es importante destacar que si bien resulta encomiable la preocupación del legislador  por los derechos del consumidor, conforme surge del Art. 42 de la Constitución Nacional y de la Ley de Defensa al Consumidor, entendemos que el caso que nos ocupa, requiere de una complementación necesaria a las mismas, a través de  leyes especiales,  al solo efecto de  hacerlas más efectivas.                                       
Que para ello, entendemos útil proponer  este proyecto de Ordenanza al Órgano Legislador,  que en su parte más destacada fija un tiempo máximo de espera para que el usuario sea atendido en caja, ventanilla y/o cajeros automáticos,  estableciendo así un parámetro objetivo de calidad del servicio, evitando las esperas prolongadas por parte de los clientes.                                   
Que a efectos de la aplicación y control de la Ordenanza que proponemos,  es importante introducir en éste sistema, elementos de vigilancia para el efectivo  cumplimiento de la norma, para  ello se implementa un sistema de registro voluntario para que el cliente o usuario pueda acreditar su ingreso y egreso al sector regulado, esto es el área de espera de las cajas, ventanillas y/o cajeros automáticos, lo cuál permite verificar el lapso que allí ha permanecido; al mismo tiempo se deberá colocar en un lugar visible y a disposición del cliente o usuario un libro de denuncias, quejas o reclamos.  De esta manera se establecen parámetros objetivos concretos (cuantitativos y  cualitativos) para la mejor inspección, observación y examen de la atención al cliente, por parte del Organismo de Aplicación, frente a posibles denuncias.                                     
Que asimismo esta Ordenanza no puede dejar de considerar el desarrollo del concepto doctrinario y jurisprudencial,  cuyo título aparece como  “De la ética de los más vulnerables” que se vierte  en la sociedad con el criterio denominado “de la atención preferencial” en las oficinas de atención al público a las embarazadas, personas con limitaciones físicas y de la tercera edad, puesto que se trata de un dispositivo legal, simple claro y conciso que se deberá implementar con la exhibición de carteles,  conforme a la norma lo indica.                                   
Que tal recurso, resulta un importante paso adelante, frente a las intolerables situaciones de  aglomeraciones y largas colas de ciudadanos a la espera de ser atendidos, de las que hemos sido testigos, en las cuales es muy frecuente observar mujeres en avanzado estado de gravidez, o personas con dificultades físicas que no  pueden soportar  esperas o permanencias prolongadas, en oficinas de atención al público. Ante ello, se hace imprescindible priorizar los valores de la solidaridad, la tolerancia y la integración,  que forman parte de la educación cívica que se imparte a la comunidad, a través de la aplicación y el respeto a los derechos y deberes de cada individuo.                                   
Que  es importante destacar  que este proyecto  se encuentra basado en una vasta  investigación de diversos antecedentes legislativos nacionales sancionados en  otras provincias, a saber:   - En lo referente a los tiempos de espera máximos permitidos,  fueron analizados los siguientes instrumentos: la Ley Nº 4149 y su modificatoria  Nº 4329 (Decreto Reglamentario Nº 1347) de la Provincia de Misiones; la Ley nº 3.669 de la Provincia de Río Negro. - Sobre  la cuestión referida  a la atención preferencial,  fue de gran aporte el estudio de  la Ley  Nº 5.118 de la Provincia de Catamarca,  y la Ley Nº 5.577, de la provincia de Corrientes.  - En lo referente a la obligatoriedad de la existencia de libros de quejas, sugerencias o reclamos,  ha resultado ilustrativa y pertinente  la Ley Nº 2.247 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 Por ello,                    
EL CONCEJO DELIBERANTE DE SALTA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Establécese que a los fines de la protección de los derechos de usuarios, las entidades financieras y no financieras -que presten servicios de cobranzas de cualquier índole y de pago de haberes a jubilados, pensionados y a trabajadores activos, que por convenios o disposiciones de cualquier naturaleza deban percibir sus haberes en dicha s Instituciones- como así también los establecimientos comerciales, deben garantizar que el tiempo de espera en caja, ventanilla y/o cajero automático,  no supere el término de media hora,  y que toda persona que concurra al lugar dentro del horario establecido para la atención al público, sea atendida. A tal efecto, se establece la obligación de las instituciones indicadas de poner a disposición de los usuarios o consumidores un sistema de registro voluntario de horario de llegada y de salida, como asimismo del trámite que desea  realizar.  Además deberán poner a disposición de los usuarios un libro de denuncias, quejas o reclamos,  que será habilitado por la Autoridad de Aplicación. Dicho libro deberá ser ubicado en lugares visibles, contando con señalización adecuada para su libre utilización por parte de los usuarios y consumidores que deseen efectuar su queja por infracción a la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2.- Es Autoridad de Aplicación la Dirección de Control de la  Municipalidad de Salta  la que debe ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza.


ARTÍCULO 3.- Los infractores a las disposiciones de esta Ordenanza serán sancionados con multa y/o clausura del local.
El monto de las multas será graduado por la Autoridad de Aplicación, de acuerdo con la gravedad de la infracción y en los términos que fije la Reglamentación; las clausuras serán de hasta diez (10) días.
En caso de reincidencia se aplicará multa equivalente al doble establecido por la Reglamentación. A los efectos de la presente Ordenanza, se considera reincidencia toda nueva infracción cometida en el término de un año -contado a partir del dictado de la resolución firme que establece la sanción.

ARTÍCULO 4.- La Autoridad de Aplicación debe:
a) Publicar a través de los medios masivos de comunicación los alcances de esta Ordenanza.
b) Realizar campaña de concientización.

ARTÍCULO 5.- A fin de garantizar el cumplimiento de la presente, las entidades enunciadas en el articulo 1º, deben exhibir en el sitio de pago, en lugares visibles y con letras mayúsculas "negrita" tipo "Arial 28", el texto que reza:

"SEÑOR USUARIO EL TIEMPO DE ESPERA EN CAJA, VENTANILLA Y/O CAJEROS AUTOMÁTICOS,  NO DEBE SUPERAR EL TERMINO DE MEDIA HORA, EN CASO CONTRARIO, PUEDE HACER SU RECLAMO EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE".
“ASIMISMO SE LE BRINDARÁ ATENCIÓN PREFERENCIAL A MUJERES CON EMBARAZO AVANZADO, PERSONAS CON LIMITACIONES FÍSICAS O DISCAPACITADOS”

ARTÍCULO 6.- El incumplimiento de lo establecido en el artículo anterior será sancionado con multa, cuya graduación se establecerá por vía reglamentaria.

ARTÍCULO 7.- Los fondos que provengan de infracciones a la presente Ordenanza  integrarán el Fondo Especial de Defensa de Consumidor, en concordancia con lo que indica el Art. 47 de la Ley de Defensa al Consumidor, Nº 24.240, modificada por la Ley26.361 a crearse dentro del ámbito municipal.

ARTÍCULO 8.- El Poder Ejecutivo Municipal  reglamentará esta Ordenanza dentro de los noventa (90) días de su publicación.


ARTÍCULO 9.- Comuníquese y archívese.

Servicios Publicos, hacia donde vamos


martes, 6 de junio de 2017

Servicio de Agua en zona Oeste, Sanciones


Salta 6 de junio de 2017
Y Vistos
El los cortes de suministro de agua en la zona Oeste de la ciudad e Salta, y
CONSIDERANDO
Que a raíz de las denuncias vertidas en los medios periodísticos y de la información recabada por esta defensoría por las deficiencias en la prestación del servicio de agua  en los barrios del sector Oeste y centro de la ciudad.-
Que, ello se ve agravado aún más si tiene en cuenta que el problema persiste desde el dia domingo 28 de Mayo de 2017, y siendo éste, un servicio esencial que hace a la salud pública.
Que, el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de la salud, la seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
Que, asimismo, las Autoridades Nacionales deberán proveer la protección de tales derechos.
Que, es misión del Defensor del Pueblo  proteger los derechos fundamentales e intereses de los individuos, de grupos y de la comunidad en general, frente a actos u omisiones que impliquen -por parte de la administración pública nacional y entes descentralizados-, el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, o que pueda dañar o alterar a los ecosistemas naturales o a los elementos del medio ambiente.
Que, el Defensor del Pueblo tiene una finalidad perfectamente determinada: proteger los derechos del ciudadano y de la comunidad.
Que, siendo éste el actual escenario, y observándose que los usuarios del servicio de agua y cloacas resultan perjudicados en sus derechos fundamentales, resulta imprescindible que el Defensor del Pueblo  ejerza las funciones que le son propias para asegurar la defensa de los usuarios afectados.
Que, así las cosas, y con aquella finalidad, deviene necesario recomendar al Ente Regulador delos Servicios Publicos  que ordene a la empresa que: restablezca de inmediato -atento a la gravedad de la situación- el suministro y la presión a los usuarios afectados para que los mismos gocen efectivamente del servicio, conforme lo dispuesto por la ley N° 25.561 en lo que respeta al mantenimiento de la calidad de la prestación, y al contrato de concesión y resoluciones vigentes; que ordene a la empresa el establecimiento de modos alternativos de provisión de agua potable a los usuarios afectados y que aplique las sanciones correspondientes por la disminución de los niveles de calidad del servicio.-
Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ordenanza N°y normas concordantes.
Por ello,
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Recomendar al ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS que:
a) ordene a la empresa Aguas del Norte COSYASA que restablezca en forma inmediata -atento a la gravedad de la situación- el suministro y la presión adecuada a los usuarios afectados, para que los mismos gocen efectivamente del servicio, en lo que respecta al mantenimiento de la calidad de las prestaciones, y al contrato de concesión y a las resoluciones vigentes.
b) ordene a la empresa el establecimiento de modos alternativos de provisión de agua potable a los usuarios afectados,
c) aplique las sanciones correspondientes por la disminución de los niveles de calidad del servicio.
d) Ordene la disminución de la tarifa en proporción a la falta o disminución del al provisión de agua a los usuarios afectados
ARTICULO 2°: Regístrese, notifíquese  fijándose un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS para su contestación y resérvese


martes, 28 de marzo de 2017

Plenario de Adpra Neuquen


     La defensoria de Salta participara del I plenario de defensores en la provincia de Neuquen, la misma sera importante por la regularización de la Asociación de Defensorias del Pueblo de Argentina. la participación no generara ningún gasto al erario municipal ya que se solventara con fondos propios.
    El plenario tratara temas como Reparación Histórica, Medicamentos PAMI y Salta solicitara al Ministerio de Energía el establecimiento de precios Testigos de GNC a nivel Nacional y la regulación de la obsolescencia programada 
     Que la obsolescencia programada u obsolescencia planificada es la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño de dicho producto, este se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible. Su función es hacer pagar al consumidor dos o más veces por medio de productos degradables o, más paladinamente, "productos basura" o de necesaria y continua actualización que generen relaciones de adicción (en términos comerciales, "fidelización", como en el caso del software) que redundan en beneficios económicos por periodos de tiempo más largos para las empresas o fabricantes.
    Que en la República Argentina no ha tomado ninguna iniciativa e este sentido, siendo soportada por los particulares las consecuencias de esta nociva práctica comercial y el estado en el aumento de la basura electrónica, altamente contaminante.-
   Las empresas son las responsables directas de la contaminación que producen pilas, baterías, teléfonos celulares, impresoras, lámparas de bajo consumo, computadoras, etc., una vez que termina su vida útil.

    Estos mismos fabricantes ya se hacen cargo del reciclado de sus propios productos en muchos otros países, cuyas legislaciones así lo obligan.
   Por lo tanto resulta importante actualizar la legislación relativa a la eliminación de prácticas fraudulentas como la obsolescencia programada como así también el dictado de una ley de gestión a nivel nacional de la basura electrónica que permita a los consumidores deshacerse, de manera segura, de sus aparatos una vez finalizada su vida útil con la participación de los productores, importadores, fabricantes y distribuidores.-
   Con el fin de terminar con  el vacío legal los defensores del pueblo de la República Argentina solicitaran al Subsecretaria de Comercio Interior y a la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la Nación lo siguiente:
Primero: Requerir a la Subsecretaría de Comercio Interior proceda a regular prohibiendo la comercialización de productos cuyos fabricantes hayan implementado mecanismos o conjunto de técnicas que tienen como objetivo
deliberado la duración de la vida de un producto para aumentar su tasa de reemplazo.-
Segundo: Remitir copia de la misma a la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la Nación, a los fines de avanzar en la adecuación de la ley defensa del consumidor, a fin de incorporar el daño por obsolescencia programada para reclamo de los particulares, como así también una ley de gestión a nivel nacional de la basura electrónica que permita a los consumidores deshacerse, de manera segura, de sus aparatos una vez finalizada su vida útil.-

      En cuanto al GNC 
    Que a partir de 2017 el Ente Nacional Regulador de Gas comenzó a difundir el precio del metro cúbico de Gas Natural Comprimido discriminado por provincia. Se trata de un relevamiento nacional con la intención de hacer pública la información relacionada a la comercialización del combustible, especialmente luego del aumento de las tarifas que disparó el valor al público en los surtidores.

    El documento del ENARGAS saca a la luz la disparidad existente entre las diversas regiones del país, con diferencias de hasta un 60 por ciento si se compara a cuánto se despacha el GNC en Tierra del Fuego (el lugar más barato) y La Rioja (el más caro).

De acuerdo a los datos aportados por el organismo, la segunda provincia más económica es Capital Federal. Allí el fluido se despacha a razón de 8.283 pesos por metro cúbico, 2.5 pesos menos que cruzando la General Paz. No obstante resulta ser el distrito que más subió desde enero, 121 por ciento, mientras que las demás lo hicieron en menor proporción.

    El incremento de los precios se dio en todo el país, luego de que el Ministerio de Energía actualizara el gas en boca de pozo en un 300 por ciento y unificara en las facturas los conceptos de transporte y distribución, con un fuerte impacto en la presión tributaria.
Como se advierte, existe una diferencia considerable de precios de una región a otra, siendo Salta, Jujuy, La Rioja, San Luis y Córdoba, las provincias que más pagan por el servicio de expendio de GNC.
Por este motivo los Defensores del Pueblo de la República Argentina solicitaran la implementacion de un precio testigo al GNC.

martes, 7 de marzo de 2017

REPUDIO DE LA ASOCIACIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADPRA).


REPUDIO DE LA ASOCIACIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADPRA). ACOMPAÑAMIENTO AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ALEJANDRO AMOR.

            Los Defensores del Pueblo de la República Argentina manifiestan su enérgico REPUDIO a la decisión del Fiscal Juan Rozas a cargo de la Fiscalía Nº 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la decisión de impedir el ingreso del Defensor del Pueblo Porteño y Presidente de ADPRA, Alejandro Amor, a la audiencia de seis ciudadanas activistas de diversas organizaciones, entre ellas el Colectivo Ni Una Menos, las cuales fueron detenidas en  horas de la madrugada de ayer, como consecuencia de encontrarse realizando actividades de difusión en relación al Paro Internacional de Mujeres que se realizará el día de mañana 8 de Marzo.
Con el convencimiento, de que el accionar de las fuerzas de seguridad   fue absolutamente desmedido, en un claro intento de procurar disciplinamiento a la creciente organización y movilización de estas organizaciones de defensa de los Derechos de las Mujeres, y en el marco de procurar una creciente criminalización de la protestas, en una manifiesta vulneración de derechos expresamente tutelados en la Constitución, es que el Defensor del Pueblo de Ciudad Autónoma se presento a cumplir con su manda constitucional, siéndole impedido el pleno ejercicio de su cargo público.
Consecuentemente, la totalidad de los Defensores del Pueblo de las Provincias y Municipios del País, manifestamos nuestro acompañamiento al Defensor del Pueblo Porteño.

lunes, 26 de diciembre de 2016

Audiencia publica SAETA, Impugnación costos

IMPUGNA COSTOS-  



Ref                                                              


Al Presidente de la

Autoridad Metropolitana de Transporte

Federico Hanne

 

Su despacho

Nicolas Zenteno a cargo de la defensoría del pueblo de la ciudad de Salta y en representación de la Asociación Civil ECEA, con registro en la SEDECOM Nº 4. Personería que se encuentra acreditada en las actuaciones realizadas en  esta dependencia bajo Nº 0090239-52415/2016-0, que por un principio de economía procesal me remito al mismo por la personería invocada, solicitando se tenga presente. Digo:

 I.- CONSTITUYO DOMICILIO LEGAL: Que a los efectos del presente constituyo domicilio procesal en la calle Adolfo Güemes 376 de esta ciudad.-

II.- OBJETO: Que en virtud  de los artículos  4 inc.  e) y 11  inc.  2 de la Ley 7.322, vengo en el carácter invocado, y legal tiempo  y forma  a deducir IMPUGNACIÓN contra la estructura de costos y análisis de los mismos presentada por la empresa SAETA, por no encontrase debidamente fundamentados y en caso de tenérselo por ciertos podría causar un GRAVAMEN IRREPARABLE, en virtud de los derechos que con la misma se conculcan.-

III.- VICIOS EN LOS REQUISITOS ESENCIALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO. VIOLACION DEL DERECHO VIGENTE:

Que la resolución impugnada constituye un acto administrativo que,  instaurando el procedimiento concreto en función del llamado a audiencia pública para el día 29 de diciembre de 2016, procede a avanzar en el proceso adecuación de tarifas para el transporte urbano de pasajeros de acuerdo a los costos que como ANEXOS I, II respectivamente, forman parte integrante de dicho acto.-
Como surge de la lectura dela documentación acompañada la misma es totalmente insuficiente para fundamentar el aumento de la tarifa para el trasporte urbano, toda vez que los aumentos denunciados impactan en forma indirecta en la tarifa del transporte en atención a que cada ususario no debe pagar el aumento de cada ítem sino solo en la medida que el mismo impacte en la estructura de costos.
Que la empresa hasta la fecha no menciona ni informa ni acompaña los balances correspondientes a los ejercicios anteriores, situación que hace imposible a esta parte emitir una opinión valida sobre el aumento solicitado.-
La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección.
Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección.
Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión de la reconsideración, tratándose de una resolución administrativa, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente.
La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal.
De igual manera, se configura el vicio en la motivación, ya que el acto “deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir(lo), consignando, además los elementos tenidos en cuenta para esa fundamentacion”, mientras que el procedimiento que origina la sanción de la resolución y que aquí se impugnan, desconoció los derechos que asisten como ciudadanos de Salta y afectan los bienes de la Ciudad.-
Que SAETA,   y el conjunto de empresas que prestan el servicio de transporte público, reciben mensualmente subsidios de carácter nacional y provincial, los que sumados a la recaudación propia de la actividad conforman la estructura de Ingresos.
Ante la falta de información sobre los costos solicito en forma previa a la audiencia publica que SAETA informe sobre;
Subsidios nacionales, monto evolución, precio diferencial del gasoil por empresa y forma global.-
Conforme la evolución que se detalla a continuación:
1 Una de las subvenciones del Estado Nacional provienen de las partidas llamadas SISTAU (Sistema de Transporte Automotor) destinadas al funcionamiento normal del servicio, a partir del Decreto 652/02, se creó un fondo de financiamiento proveniente del cobro de impuestos al Gas Oil, el cual gravaba el producto en un 18% del valor de venta final, a partir del cual se destinaba los fondos para subsidiar la actividad del servicio de Transporte Público.

2 Mas adelante, se crea un segundo subsidio, el llamado Precio Diferencial de Gas Oil (Decreto 675/03), el cual pretende bajar los costos de combustibles a partir de un acuerdo entre tres partes, las petroleras, las empresas prestadoras de servicio y el Estado: Tal acuerdo consiste en congelar precios del insumo por debajo de su precio de venta de mercado que cobran las petroleras,   para las empresas de transporte, siendo el estado quien se hace cargo de la diferencia.
3 Finalmente, surgen las llamadas Compensaciones Complementarias Provinciales (Decreto Nº 98/07), cuyo objetivo fue equiparar las ayudas estatales de las áreas de los centros urbanos con la del interior, teniendo en cuenta que los incrementos de los costos, se hacían mas difíciles de sopesar por las empresas de transporte del interior.
Subsidios Provinciales
Por otro lado, por Ley de Presupuesto Provincial 2016 Nº 7915, se destinarán para la Sociedad Anónima  de  Transporte  Automotor  un  monto  anual  de  $510.000.000    que  equivale  a $42.500.000 mensuales, en concepto de subsidios provinciales para dicha empresa. Es llamativo en este sentido, la prioridad que le asigna el Gobierno Provincial a esta actividad teniendo en cuenta las erogaciones del Estado Nacional. 
De esta manera según el Presupuesto Provincial, el Gobierno destina fondos 23 veces mas a Saeta que a la construcción de viviendas y promocion habitacional, 26 veces más que a promover la industria, 6 veces lo que destina a la promoción de empleo y capacitación laboral, y mas del triple de lo que destina tanto a cultura como al deporte.
Recaudación

Según las declaraciones del propio presidente de SAETA, Claudio Mastandrea actualmente la cantidad de  pasajes vendidos  superan los 17.000.000 mensuales, que  - siempre tomando como referencia Marzo- a un precio de 3.25 da una recaudación mensual de por lo menos
$55.250.000. Suponiendo que el Pase Libre para estudiantes y jubilados, tenga un costo de $40 millones como señaló el mismo funcionario (monto que jamás fue justificado por parte de la empresa  ni  el  gobierno),  entonces  los  ingresos  netos  mensuales  por  recaudación  de  la empresa estarían alcanzando los $15.250.000 por mes.
IV.- Derecho: Fundo el presente recurso en las disposiciones de Ley Procedimiento Administrativos arts. 7, 14, 17, y cctes.; Tratados Internacionales;  reglamentos de Audiencias Públicas de Salta; doctrina y jurisprudencia aplicables al caso.-
V-PETITORIO: Por todo lo expuesto a la AMT, solicito:
Primero: Me tenga por presentado en el carácter invocado, y con la legitimación activa acreditada.-
Segundo: Se tenga por deducida impugnación e interpuesto en tiempo y forma propios el recurso de RECONSIDERACION contra la misma.-
Tercero: Se  dicte resolución disponiéndose que en forma inmediata SAETA Informe sobre:
Ingresos Detallando los subsidios provinciales, nacionales y recaudación.-
Acompañe estructura de costos conforme Exp.  N° 124340001  del  Consejo  Federal  de  Inversiones, donde presento informe sobre la  estructura  de  costos  del  servicio  de transporte público de SAETA y las empresas subcontratadas.-
Cuarto: Hago reserva de ampliar los puntos de la impugnación y en caso de ser necesario recurrir a la justicia en resguardo del erario público y el derecho de los usuarios del transporte público de pasajeros de la ciudad de Salta .-

Proveyendo de conformidad
SERA JUSTICIA


jueves, 1 de diciembre de 2016

Reunión por procrear, grandes avances

El Jueves 24 de octubre junto con los defensores de Parana, Luis Garay y el defensor de Corrientes, Javier Rodriguez nos reunimos en con los responsables de Procrear del Banco Hipotecario el Sr. Sergio Corradi,

miércoles, 16 de noviembre de 2016

Convenio Defensoria del Pueblo con Anses. Reparación Historica



2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”


CONVENIO ESPECÍFICO
ENTRE  LA
ASOCIACION DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y
 LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL


Entre la ASOCIACION DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en adelante “LA ASOCIACION”, representada por Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, Dr. Ángel Armando Alejandro Amor, con domicilio en Piedras 582/84 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, en adelante “ANSES”, representada por su Director Ejecutivo, Lic. Emilio Basavilbaso, con domicilio en la Av. Córdoba 720, 5º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por otra parte, y ambas conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, en el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado oportunamente, acuerdan suscribir el presente Convenio Específico en base a las cláusulas que a continuación se transcriben:

PRIMERA: OBJETO. LAS PARTES acuerdan colaborar entre sí a los efectos de otorgar asistencia profesional y representación letrada a los beneficiarios, titulares de jubilaciones y pensiones pertenecientes al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO, que no hubieran iniciado a la fecha juicio de reajuste de haberes, en función a los Acuerdos Transaccionales a celebrar en los términos del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados previsto en la Ley 27.260.
Para ello, y a los efectos de cumplir con el objeto del presente acuerdo, las PARTES, acuerdan aportar los datos necesarios para la creación de un link que remitirá a una base on line de profesionales de cada Defensoria, a los fines de otorgar asistencia profesional y representación letrada en los referidos acuerdos y en función del procedimiento establecido en el articulo 1 de la Ley 27.260 (in fine).

SEGUNDA: LA ASOCIACION se compromete a brindar asesoramiento integral y a mantener su Servicio de Atención y Asesoramiento Permanente a disposición de los jubilados y pensionados. Con fundamento en el derecho de acceso a la justicia, a dicho asesoramiento, se sumará el patrocinio jurídico gratuito con plantel de profesionales de la institución, comprometiéndose asimismo a brindar a los jubilados y pensionados el pleno acceso a los listados oficiales publicados.

TERCERA: El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de tres (3)  años a partir de su suscripción, renovándose automáticamente por similar período. No obstante ello, cualquiera de LAS PARTES podrá denunciarlo unilateralmente sin expresión de causa mediante comunicación fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30) días.

CUARTA: Independientemente de que los términos del presente Convenio Específico puedan ser difundidos por LAS PARTES, las mismas garantizan el estricto cumplimiento por todas las personas que participan de las actividades motivo del  convenio, de las normas sobre “secreto estadístico de la información”, “confidencialidad de la información” y “protección de datos personales”, de conformidad con la normativa vigente.
QUINTA: Los derechos intelectuales que se originen en los proyectos, trabajos y/o publicaciones realizadas por LAS PARTES en el marco de lo acordado en el presente Convenio, pertenecen a ambas instituciones, salvo acuerdo en contrario o reserva de derechos que éstos efectúen. Asimismo deberán arbitrar los medios para que dicha información sea compilada y organizada para que pueda ser debidamente consultada por ellas con posterioridad.
SEXTA: LAS PARTES declaran tener competencia para celebrar y firmar el presente Convenio Marco, en virtud de las respectivas disposiciones legales y administrativas vigentes.
SÈPTIMA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este convenio, LAS PARTES mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, asumiendo, por lo tanto, las responsabilidades correspondientes.

OCTAVA: Queda al arbitrio de cada Defensor, integrante de la Asociación de Defensores de la República Argentina, la adecuación del presente convenio, conforme la situación y legislación vigente en cada jurisdicción.

NOVENA: Para todos los efectos que pudieren corresponder derivados del presente, LAS PARTES fijan sus domicilios en los indicados en el encabezamiento, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que en ellos se practiquen.

DECIMA: LAS PARTES acuerdan resolver las eventuales controversias que se pudieren suscitar en forma consensuada e intentando solucionarlas institucionalmente. Para el caso que no se pudiere llegar a un acuerdo institucional de solución de controversia,  LAS PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los cuales serán válidos los domicilios arriba denunciados.

En prueba de conformidad se firman ... (...) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los     días del mes de noviembre de 2016.